Celeridad judicial
La celeridad en la tramitación debería ser lo normal en todos los sumarios judiciales porque la dilación de los procedimientos afecta negativamente a todos los que esperan que se fallen sus pleitos. Esa celeridad resulta especialmente necesaria en aquellos sumarios que afectan a la vida pública, aquellos en los que se investigan supuestos asuntos de corrupción y en los que aparecen implicados representantes políticos o cargos funcionariales.
Son este tipo de asuntos, en los que entra de lleno la investigación derivada de la operación Petrum que afecta a Convergència y a sus fundaciones, los que tienen gran impacto en la opinión pública, los que determinan la imagen que los ciudadanos tienen de los responsables de la gestión en las administraciones y condicionan el estado de ánimo imperante en la sociedad.
Las razones del alargamiento de una investigación pueden ser varias, algunas de ellas justificadas y otras no tanto. Desde la complejidad del asunto que se investiga, al empleo de tácticas obstruccionistas por parte de los encartados pasando por la limitación de medios y recursos de la institución judicial. El caso de los ERE de Andalucía lleva bajo investigación desde 2009 y todavía se encuentra en fase de instrucción. En el caso Palma Arena pasaron cinco años desde la denuncia inicial hasta la sentencia. Visto lo que hay alrededor, un plazo de un lustro para resolver un asunto de este tipo
La práctica en nuestro país consiste en no reconocer responsabilidades políticas si no media sentencia firme
entra casi en la categoría de juicio exprés. Como término de comparación ahí está, por ejemplo, el tiempo empleado en el caso Pallerols en el que pasaron 14 años desde que se iniciaron las investigaciones hasta que se dictó la sentencia correspondiente. Pensar en que la justicia española pudiera actuar con la celeridad de la norteamericana –siete meses pasaron desde que se detuvo a Bernard Madoff por una estafa de 50.000 millones de dólares hasta que se le condenó– está fuera de lugar.
Es cierto que los sumarios concluyen en sentencias. Son ya muchos los responsables políticos y gestores de la cosa pública que han pasado por el banquillo y por la cárcel como para seguir creyendo que la corrupción puede salir gratis. Mientras no llega el momento de la sentencia, cada caso se convierte en las tribunas políticas o en los medios en escenario de pugnas partidistas y de juicios paralelos de forma que, al final, la verdad judicial resulta casi ignorada ante la imagen pública extendida durante años.
La falta de sentencia ayuda a evitar que nadie asuma responsabilidades políticas en estos casos, responsabilidades que son diferentes a las penales. Se puede incurrir en las primeras perfectamente, sin haber infringido un solo artículo del Código Penal, ni haberse saltado un semáforo en rojo. Pero la práctica en nuestro país consiste en no reconocer responsabilidades políticas si no media sentencia firme. Aquí, a nadie se le ocurriría, como a Willy Brandt, presentar la dimisión porque el enemigo haya conseguido infiltrarte un espía como secretario. Que dimita el enemigo, si acaso.