Solvay recurre la decisión del Gobierno al cuestionar su futuro

La compañía Inovyn-Solvay anunció ayer que ha interpuesto un recurso judicial contra la decisión de la secretaría de Estado de Energía de excluir a la planta de Martorell del sistema de interrumpibilidad en los años 2015 y 2016, lo que implica que se disparan sus costes eléctricos.

Esta decisión pone en cuestión “la viabilidad a largo plazo” de la planta, según la empresa. Un portavoz señaló ayer por medio de un comunicado que “los recientes acontecimientos han situado las operaciones de Inovyn en Martorell en una situación muy grave”. La compañía añadió que “se está revisando la viabilidad de las inversiones estratégicas necesarias para la planta”.

No obstante, la compañía sostiene que aún no se ha tomado la decisión definitiva de cerrar la planta donde trabajan más de 300 personas.

Fuentes del comité de empresa indicaron ayer que nadie les ha confirmado todavía que vaya a cerrarse la fábrica si bien creen que la situación actual no puede prolongarse durante mucho tiempo. La compañía comunicó ayer que “con efectos inmediatos” la empresa dejará de producir dicloroetano.

Según fuentes del comité de empresa, en un primer momento el cese de la fabricación de ese producto no afectará a la plantilla ni tampoco implicará despidos. Inovyn-Solvay pide a las autoridades españolas una “solución urgente” a la problemática que vive la planta de Martorell.

Cuando Solvay quedó fuera del sistema de interrumpibilidad, el coste de la electricidad se multiplicó por dos en determinados momentos del día, según fuentes sindicales. Por esa razón, a la empresa le sale más a cuenta importar la materia prima que producirla en Martorell.