Seopan pide 38.000 millones para infraestructura social
Los constructores solicitan al Gobierno un nuevo plan inversor
Tras la proclama de que ha llegado el fin de la gran obra pública en España por parte de Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica en la Moncloa, los constructores reclaman ahora 38.000 millones de inversión al año para infraestructuras de carácter social. Traducción: depuradoras, hospitales, colegios, redes de telecomunicaciones, energía..., pero no líneas de tren de alta velocidad o aeropuertos, como los de Castellón o Ciudad Real, que apenas se utilizan.
El año 2014, la inversión pública en infraestructuras en España ascendió a 23.000 millones, con lo que las grandes constructoras solicitan al Gobierno que llegue a la Moncloa nuevos planes de inversión por 15.000 millones añadidos dirigidos a incrementar las dotaciones sociales.
En la última década, el año que más recursos se destinaron a las infraestructuras fue el 2009, cuando se alcanzaron los 55.000 millones ( un 5,1% del PIB). Los ejercicios de menor sesgo inversor fueron 2013 y 2014, cuando se dedicaron respectivamente 23.000 millones.
Según Julián Núñez, presidente de la patronal de las grandes constructoras, Seopan, con ese volumen inversor propuesto “se persigue superar el déficit que el país presenta en ese tipo de dotaciones, aumentar la competitividad, contribuir al bienestar de los ciudadanos y a la recuperación económica”. De hecho, la ejecución de estas inversiones contribuiría, aducen, a generar entre 500.000 y 750.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante la próxima década.
Para corroborar esta demanda, Seopan ha encargado un informe a la consultora A. T Kearney, a cuya presentación acudieron va- rios primeros espadas. El estudio recoge que “la dotación de camas hospitalarias por habitante es un 25% inferior que la media de otros países europeos”. En concreto, el número de camas por mil habitantes en España es de 3,1, mientras que en Alemania es de 8,2 y en Francia, 6,4. La medida de la Unión Europea es de 4, teniendo en cuenta los centros públicos y privados.
Otro ejemplo para demostrar las necesidades de dotaciones sociales es que la inversión en infraestructuras de educación por habitante de los últimos cinco años es un 40% inferior en España, frente a la media europea. El estudio recoge que España dedicó 700 millones de media al año entre 2009 y 2014 a la construcción de colegios, mientras que Francia destinó 3.000 millones o Alemania, 2.000 millones en el mismo periodo.
Según Eugenio Prieto, presidente de AT Kearney en España y Portugal, “las inversiones en infraestructuras en los últimos diez años han generado 1,6 billones de euros en actividad económica, han creado 1,2 millones de empleos al año y han contribuido a vertebrar el país con la modernización del transporte”.
Para Núñez, “existe gran liquidez en los mercados internacionales de capitales y un significativo apetito inversor de los fondos de inversión, compañías de seguros y vehículos inversores especializados”. De ahí, que defendió que el nuevo Ejecutivo debería diseñar nuevos planes inversores. Y una fórmula para financiar las nuevas obras sería la colaboración “publico-privada, que no incide en el déficit público”, sentenció. Otra de las herramientas que hace falta, señaló, es la “seguridad jurídica, tanto en la transferencia de riesgos, como en el ámbito legal de los contratos”.
Los constructores defienden la financiación públicoprivada, que no incide en déficit público