El TSJC pide información sobre el coste del 9-N y los registros de población

El magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Joan Manel Abril, que instruye la causa por el 9-N, ha pedido al Departament d’Economia que certifique “el coste que comportó” el proceso participativo, con la especificación de los conceptos y las partidas presupuestarias a las que asignó los gastos.

Así consta en una providencia hecha pública ayer, en la que el magistrado también requiere al Institut d’Estadística de Catalunya para que le informe si cedió los datos del registro de población de Catalunya para celebrar la jornada, y si eso se hizo en virtud de un convenio.

Además, Joan Manel Abril accede a solicitar datos que interesaban a la Fiscalía, y que se centran en conocer qué empresa de logística se hizo cargo de la recogida, entrega y distribución de las urnas y las papeletas. Este material fue confeccionado en las prisiones de Catalunya a cargo del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Además, pide al secretario general de Presidència que el informe que dictámenes, asesoramiento o informes se recabaron para la consulta, y que se les envíe copia, con lo cual cumplirá lo que se pidió en los interrogatorios desarrollados la semana pasada, cuando los fiscales preguntaron por qué personas participaron en la organización del 9-N.

La Fiscalía también quiere conocer, y así lo admite el juez, cómo se compraron los 7.000 ordenadores por parte de Ensenyament que luego se emplearon en la jornada de votación. En el mismo sentido, se pregunta a las empresas privadas por la instalación de los programas informáticos específicos para el 9-N. Por último, también se requiere a la empresa informática que se contrató para ello para que explique cómo colgó la web de participación en los servidores, cuándo ocurrió y qué empleados trabajaron en ella el día de la consulta, tanto en la sede del Centre de Telecomunicacions i Tecnologíes de la Informació como en otros lugares.