Rajoy presume de lucha contra la corrupción al final de la legislatura
El Gobierno cree que el nuevo Parlament no tiene legitimidad para iniciar el proceso
Lucha contra la corrupción y la reforma de la administración. Esos han sido dos de los grandes objetivos del Gobierno de Mariano Rajoy y ayer celebró su último Consejo de Ministros antes de convocar el lunes las elecciones con medidas en ambos sectores. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inauguraba la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, dependiente del Ministerio de Justicia, a la vez que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba su creación como la culminación de una serie de medidas que se han ido poniendo en marcha a lo largo de la legislatura y que, a juicio del Gobierno, constituyen el mayor paquete de actuaciones para luchar contra la corrupción que ha aprobado un gobierno en democracia.
El último día legal para hacer inauguraciones, Rajoy destacó la puesta en marcha de esta oficina, que no sólo atenderá a delitos relacionados con la corrupción, sino también a los que persigue la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. El objetivo es la localización de bienes que se han obtenido fruto de un delito, para que reviertan a la sociedad, a través de proyectos sociales, en especial las víctimas de esos delitos, oenegés o entidades sin ánimo de lucro.
Por eso, para el presidente del Gobierno, la puesta en marcha este nuevo departamento es “una de las medida más destacadas en el ámbito de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción”. La Oficina no sólo se ocupará de la búsqueda y obtención de esos patrimonios obtenidos ilegalmente, sino que se encargará también de su mantenimiento y de enajenarlos, pudiéndose incluso la venta anticipada de los bienes, sin esperar al final del procedimiento.
El Gobierno considera que esta medida era una demanda social, para que el delincuente no se pueda quedar con el patrimonio que ha obtenido con los delitos.
Después de que Rajoy sacara pecho, fue el turno de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ataques de rigor a Artur Mas, que comparecía al mismo tiempo en el Parlament para dar explicaciones sobre el sistema de adjudicaciones de la Generalitat tras la última operación judicial sobre la financiación de CDC. Santamaría calificó la intervención del president Mas de “impropia de un gobernante” y le acusó de victimista. “Quien puede tener una responsabilidad al menos política en esta cuestión, lo último que debe hacer es presentarse como víctima, porque el perjuicio es para los ciudadanos, para lo público”, dijo la vicepresidenta.
Santamaría reprocha a Mas que se haga la “víctima”; los perjudicados, sostiene, son los ciudadanos
Para Santamaría, “si se confirman después de las investigaciones judiciales esas comisiones”, los perjudicados serán los ciudadanos. Ante este panorama, añadió, “lo último que debe hacer un representante político es presentarse como víctima y escudarse en la política para no asumir responsabilidades”.
Pero además el Gobierno considera que este caso de corrupción que afecta a CDC debilita aún más a Artur Mas para sacar adelante su proyecto independentista. Sáenz de Santamaría recordó que la lista en la que se presentó Mas en las elecciones catalanas no obtuvo la mayoría absoluta que pretendía para vender las elecciones como un plebiscito. Por ello, pidió a los integrantes de Junts pel Sí que piensen si con “un porcentaje tan exiguo”, y dejando al margen que “no tiene legitimidad legal” para plantear una declaración de independencia, si tienen “legitimidad política para llevar a cabo una declaración de esa naturaleza”, cuando para modificar el Estatut se requieren dos tercios del Parlament. Junts pel Sí negocia con la CUP aprobar una declaración de inicio del proceso antes de la investidura del president.