La justicia y el proceso
Cuando Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno, era acosado por las frivolidades de su hermano Juan, Miquel Roca le dijo: “Lo que le ocurre, señor Guerra, es que a usted mucha gente le tiene muchas ganas”. Es probable que al president Artur Mas le ocurra algo parecido: mucha gente le tiene ganas. Las tienen sus oponentes políticos catalanes, que aspiran a derrotarlo en alguna ocasión. Las tienen los constitucionalistas, por razones que todos podemos imaginar. Las tienen quienes se oponen a su investidura, que le siguen negando su confianza. No descarto que se las tengan algunos miembros de su partido. Y tampoco descarto algo de tirria en algunos miembros del estamento judicial, después de verse presionados por el gentío, los consellers y los alcaldes con sus bastones en alto. Son los riesgos genéricos de la política y los riesgos concretos del gobernante.
Después, hay algún ansia de venganza en la opinión publicada al otro lado del Ebro, porque Mas le toca pagar el “España nos roba”. Parece que se está deseando que salte algún caso de corrupción en su entorno para que inmediatamente un indeterminado número de cronistas se pregunten quién roba a quién. Y algo más grave: con muchos antecedentes que empiezan en el latigazo de Maragall, pasan por el caso Palau o el patrimonio de la familia Pujol y desembocan en la operación Petrum, Convergència se ha convertido en objeto de sospecha, la sospecha lleva a la denuncia, la denuncia a la investigación, y la investigación a las responsabilidades. Si en medio está la Generalitat como agente activo de contratos y concesiones, Mas está salpicado por las dos partes: el partido y el Gobierno.
El derecho a la presunción de inocencia lo tiene decaído ante la magnitud de los indicios. Uno de los recursos habituales del president es pregonar que toda actuación judicial en su entorno es una maniobra contra Catalunya y ahora contra la independencia. Lo dice o lo insinúa de forma habitual, con lo cual el argumento pierde fuerza por exceso de uso; pero aceptémoslo como punto de partida de debate: ¿está utilizando el Estado sus poderes para romper la hoja de ruta soberanista? ¿Está utilizando concretamente su aparato represivo, policial y judicial?
Francamente, no tengo argumentos para responder en sentido positivo ni negativo. Lo único que digo es lo de siempre, trátese del 9-N o del 3%: si hay indicios delictivos, y parece haberlos, la policía y la justicia tienen que investigar. Montar sobre eso la teoría de la persecución hace crecer una sospecha mayor: puede haber quien desea la independencia para que sea “otra justicia” la que juzgue. Eso de “otra justicia” no lo dice este cronista; lo dijo el señor Mas el día de su declaración ante el Tribunal Superior.
Y un apunte final, tras escuchar a Marta Rovira que “no podrán parar el mandato democrático, la república catalana está en marcha”: sería muy burdo que alguien intentase frenar un proceso como el catalán explotando una supuesta corrupción; pero sería mucho más acelerar ese proceso porque se persigue una supuesta corrupción.