Los temas del día

La tormenta desatada en torno a Convergència por el caso de las comisiones del 3%, y la proliferación de robos mediante el método del alunizaje.

LA semana que hoy termina ha sido particularmente dura para Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La operación Petrum, que investiga el llamado caso del 3%, desencadenó el miércoles una auténtica tormenta, con epicentro en la sede barcelonesa de CDC. Allí fue detenido Andreu Viloca, el tesorero convergente, que el jueves fue enviado a prisión por el juez, como miembro de la presunta trama de financiación ilegal del partido, acusado de haber destruido pruebas. Además de Viloca fueron detenidos cargos de la Administración catalana y directivos de empresas constructoras adjudicatarias de obras públicas licitadas por la Generalitat. Todos ellos fueron puestos en libertad con cargos horas después. El tesorero, no. Pero, más allá de la suerte corrida por cada uno de ellos, el caso siguió pesando como una losa sobre CDC. Y no sólo por las dudas que proyecta sobre la financiación de dicho partido, sino también porque el escrutinio al que se halla sometido por la Fiscalía Anticorrupción y el hecho de que su tesorero se encuentre en prisión no van a facilitar su gestión diaria en fechas venideras, ya de por sí complejas.

Artur Mas, presidente de la Generalitat, acudió a petición propia al Parlament el viernes. Deseaba ofrecer su versión sobre la operación policial y sus supuestas causas. Mas, que acusaba en el rostro la presión sufrida estos días, reiteró que la contratación pública de la Generalitat ha sido impecable. Pero la oposición no pareció compartir su opinión y, además, cuestionó abiertamente su idoneidad para seguir en el cargo que ahora ocupa en funciones. Tanto el PSC como Ciutadans fueron explícitos al señalar que Mas no debía mantenerse en su puesto. Incluso ERC, que acudió junto a CDC a las elecciones del 27-S bajo el paraguas común de Junts pel Sí, tuvo palabras de reproche para los convergentes, a los que instó a limpiar su partido.

Los del viernes fueron chaparrones intensos. Y no parece que vaya a escampar en breve, al menos no para CDC. La Fiscalía Anticorrupción lleva meses enfrascada en los procesos abiertos en Catalunya. Es obvio que su atención sobre lo ocurrido aquí es mucha, e incluso prioritaria, por más que no quepa olvidar que el caso tuvo su origen en una denuncia de una concejal de ERC, ni que es el juez de El Vendrell quien lo instruye. En todo caso, no hay indicios de que la Fiscalía vaya a cejar en su empeño. Así debe ser: la justicia está obligada a llegar al fondo en sus investigaciones.

Es verdad que, hasta la fecha, las distintas causas que afectan a CDC y a su financiación no han arribado a juicio y, por consiguiente, no hay sentencias condenatorias. Tiene razón el presidente Mas al recordarlo, como hizo el viernes en el Parlament. Pero también es verdad que la evolución de las investigaciones, ahora no sólo centradas en tiempos pretéritos, sino también en otros más recientes, con Mas ya en la presidencia, va generando nuevos factores de inquietud. Así lo entienden al menos otros actores de la escena política catalana. Las posibilidades de que Junts pel Sí obtenga el apoyo de la CUP para la investidura de Mas, que siempre fueron escasas, son ahora menores. CDC y ERC acudirán probablemente separadas a las generales de diciembre. Y la opción de unas nuevas autonómicas adelantadas, en marzo, está ya sobre la mesa. En suma, persiste y crece la sensación de incertidumbre entre la ciudadanía catalana, buena parte de la cual preferiría vivir en un marco de mayor estabilidad social y económica.