El cerco judicial se estrecha sobre el número dos de Infraestructures
Rosell escondió una caja fuerte y maletines con documentos en casa de un amigo
Una caja fuerte repleta de documentos y varios maletines cerrados con llave permanecen custodiados desde el miércoles en unas dependencias vigiladas de los juzgados de El Vendrell. Todo es propiedad del número dos de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, que junto a su abogado asistirá la semana que viene al acto de apertura. Rosell, uno de los doce detenidos esta semana acusados de participar en la presunta trama de financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya, entregó la caja y los maletines a un buen amigo para que los escondiera tras saber que la Guardia Civil había entrado en CatDem y en varios despachos de su partido. “Ahora vendrán a por mi”, confesó a su amigo.
El miércoles pasado, a partir de las nueve y media de la mañana, los informativos y webs de los medios de comunicación abrieron con el nuevo registro en la sede de CDC y las primeras detenciones. Entre ellas las de Rosell, arrestado en su despacho de la sede de Infraestructures.cat, la antigua Gisa, unas instalaciones de la calle del Vergós de Barcelona.
El amigo de Rosell entendió entonces que el material que guardaba en su casa debía estar relacionado con la investigación y optó por colaborar. Se puso en contacto con la Guardia Civil y describió el material que ocultaba. Los investigadores recogieron todo, tomaron declaración al amigo de Rosell, y trasladaron todo el material al juzgado de El Vendrell.
A esa caja, su contenido, y los maletines escondidos a conciencia se refirieron en reiteradas ocasiones los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo para pedir el viernes la prisión sin fianza para Rosell. Entendían que con su gesto de esconder los documentos, quería ocultar información crucial para la investigación.
Rosell no quiso declarar ante la Guardia Civil, ni ante el magistrado Josep Bosch Mitjavila. Este optó finalmente por ponerle en libertad con cargos, al entender que la caja fuerte y los maletines, con los documentos que puedan esconder, ya estaban a buen reguardo y que no había riesgo de destrucción de pruebas.
El cerco de las sospechas se estrecha para Rosell. Desde el primer momento, los investigadores entendieron que el número dos de la empresa pública licitadora más importante de Catalunya, era una de las piezas claves del entramado que presuntamente diseñó CDC para financiarse ilegalmente a partir de los sobornos pagados por las constructoras. Y que casi más importante que el registro de los despachos de la tercera planta de Convergència, sería la entrada en la sede de Infraestructures.cat. Los investigadores solo pidieron a los trabajadores expedientes “muy concretos”. Y tras la tensión de los primeros momentos, cuando el ambiente se normalizó, un técnico cualificado de uno de los departamentos de contratación se dirigió a un guardia civil y pidió hablar con él en un lugar discreto.
El hombre se ofreció a colaborar con los investigadores y desgranar las presuntas irregularidades que, aseguró, se realizaban en su departamento para valorar con mayor puntuación los proyectos de las empresas elegidas por Rosell y su mano derecha en el departamento, Jaume Cortasa. Este trabajador no ha sido el único que en los últimos días se ha ofrecido para colaborar.
Ni Josep Antoni Rosell el único responsable de la administración o empresario bajo sospecha que visitó recientemente a algún amigo para esconder “material sensible” por temor a un registro.
Esta semana se abrirá la caja de seguridad y los maletines. Rosell y su letrado, Andreu Van Der Eynde, serán convocados en El Vendrell. Aunque ayer mismo fuentes cercanas a Rosell aseguraron que el número dos de Infraestructures.cat no sabía que caja fuerte podría haber encontrado la Guardia Civil. E insistieron en defender los procedimientos “transparentes e imposibles de manipular” de contratación de la obra pública en Catalunya.
Sin embargo, el técnico de Infraestructures.cat que se ha prestado a colaborar con la Guardia Civil ya advirtió que el truco eran tan sencillo como alterar la valoración “subjetiva” de los criterios técnicos de los proyectos.
En cualquier caso, a nadie se le escapa que esa “transparencia y limpieza en los procesos de contratación” de la que presumió el presidente Artur Mas el viernes en el Parlament dista mucho de la acción premeditada de un alto cargo de su Gobierno de esconder documentación, por miedo.
Por el momento, y a la espera de que se abra la misteriosa caja y los maletines, los investigadores siguen analizando el resto de documentación incautada. Y es mucha. Analizan con lupa los expedientes de las obras a las constructoras, que además fueron generosas donantes de las fundaciones CatDem y Fòrum Barcelona.
Desde el 2010 el presupuesto en obra pública de la Generalitat cayó en picado. Ese año se adjudicaron 1.664 millones de euros. Por el momento, los investigadores trabajan con expedientes fechados desde el 2009. Pero disponen de la relación de donaciones que las dos fundaciones recibieron desde su creación. Y del cotejo de esas donaciones con los contratos recibidos por las empresas que dieron dinero se está estableciendo la relación de los que pudieron pasar por caja y entregar ese dichoso 3%.
Un trabajador de la empresa pública se ofreció a la Guardia Civil para detallar las irregularidades