La historia del 3%
Desde la frase de Pasqual Maragall, la sombra de las comisiones planea sobre los juzgados
El 24 de febrero de 2005, en el pleno extraordinario del Parlament de Catalunya por el derrumbe ocurrido en el barrio del Carmel de Barcelona, el entonces president de la Generalitat, Pasqual Maragall, tomó la palabra y dirigiéndose al jefe de la oposición, Artur Mas, espetó: “ustedes tienen un problema, y se llama 3%”.
Maragall puso en primer plano el posible cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos; algo que de hecho ya estaba sobre el tapete, pues basta recordar que uno de los lemas que esgrimió ERC en la campaña electoral fue mans netes. Tanto es así que nadie tuvo dudas de a qué 3% se refería el president de la Generalitat.
Pasqual Maragall habló cuando ya tenía sobre su mesa la auditoría que había ordenado su gobierno sobre el funcionamiento de la Generalitat, que desde 1980 hasta 2003 había estado presidida por Jordi Pujol. Este documento, del año 2004, tiene un arranque sorprendente, pues dice que “el objetivo de este informe no es la detección de actividades delictivas y fraudulentas”.
Y más porque acto seguido lo que sí expresa es que se creó una estructura política y otra administrativa, que “ha conducido a una separación creciente entre la estructura decisoria y la estructura administrativa”. Y en sus conclusiones asegura que existió opacidad y arbitrariedad en el desarrollo de la actividad administrativa, un exceso de contratos a dedo y de personal interino reclutado al margen de convocatorias públicas y una abusiva fragmentación de los contratos, para que no fueran supervisados. Sin embargo, esta auditoría nunca se llevó a los juzgados.
Al día siguiente de las manifestaciones de Maragall en el Parlament, el entonces fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, abrió diligencias para investigar la existencia del 3%. José Luís Salguero, un industrial, se presentó a declarar y relató cómo le habían pedido dinero para adjudicarle obras. En el centro de la historia aparecía un personaje llamado Josep Maria Penín, familiar lejano de Felip Puig. Y afectaba principalmente a Adigsa, la empresa pública que gestionaba las viviendas sociales promovidas por la Generalitat y que entonces dependía del departamento de Obres Públiques, dirigido por Puig, y que pasó a Medi Ambient con el tripartit.
El asunto levantó grandes expectativas, pero luego fue perdiendo fuelle. Nunca se llegó a los niveles más altos del Govern y todos los aforados que en principio fueron acusados quedaron exonerados. Finalmente, se circunscribió a la empresa Adigsa y a la rehabilitación de pisos para ser puestos en alquiler a precios módicos, dentro de lo que se llamó el Pla Jove. El caso aún está pendiente de juicio, pero la calificación de la Fiscalía nos deja algunos párrafos de interés. De entrada, pretende sentar en el banquillo a siete personas, entre ellas a Josep Maria Fontdevila, el que era el consejero delegado de la empresa; así como a otros dos directivos de la firma. El resto son el intermediario Penín y empresarios, entre los que se cuenta el mismo Salguero, que tras el escándalo se mudó a Sevilla y trabaja ahora fundamentalmente fuera de España. El Ministerio Público solicita penas que van desde los diez años para Fontdevila a los dos y medio para el denunciante.
En la exposición de los hechos se puede leer Penín se embolsó casi 29.000 euros de Adigsa sin justificación, que se abonaron comisiones para conseguir contratos de hasta el 20% y que los empresarios luego castigaban al erario público con el sobreprecio de las obras, a fin de rescatar el porcentaje pagado. El fiscal también añade que Fondevila, Penín y el presidente de Adigsa (Ferràn Falcó, no acusado) “compartían militancia y actividades políticas en Convergència Democràtica de Catalunya”.
Este fue el primer caso del 3%. Luego vino el Palau de la Música, donde también se habla de comisiones y que también está pendiente de juicio. Esta vez, el mecanismo descrito por la Fiscalía Anticorrupción es que la constructora Ferrovial pagó para que CDC le adjudicara obras como la
Una auditoría del tripartito del 2004 reveló contrataciones irregulares, pero no fue judicializada
Ciutat de la Justícia o la línea 9 del metro, y que se usó como intermediaria a la institución cultural. Aquí la cifra era del 4%; el 2,5 para CDC y el 1,5 para Félix Millet y Jordi Montull, los directivos de la entidad.
Es el turno de la operación Petrum, con otra empresa pública bajo el foco, Infraestructures.cat, y de nuevo con CDC como sospechosa. En esta ocasión, el mecanismo serían las donaciones a las fundaciones afines al partido, CatDem y Fòrum Barcelona. Los fiscales anticorrupción disponen de documentos que hablan de pagos de incluso el 10% del total de la obra adjudicada. A la vista de su historia judicial, el 3% es un símbolo, pero la realidad es dinámica.