Las expectativas del 20-D
Mañana el presidente del Gobierno, previa sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, disolverá las Cortes Generales y convocará elecciones legislativas para el 20 de diciembre. Comenzará formalmente un tiempo –apenas dos meses– vertiginoso porque la vibración social, mediática y política en España entera hace intuir cambios de gran envergadura. El 20-D está generando grandes expectativas en dos escenarios complementarios: en Catalunya y, genéricamente, en el conjunto del país. Unas expectativas que se resumen en dos. La primera: ¿acabará el bipartidismo e iniciaremos una nueva fase democrática de coaliciones o pactos de legislatura sin las fuerzas nacionalistas tradicionales? La segunda: ¿en qué medida alterará los resultados de las generales la situación política actual de Catalunya?
Es curioso que mientras Artur Mas se precipitó en convocar las catalanas el 27-S, ahora en el Principado la consigna sea esperar a ver cómo queda la composición del Congreso. En cambio Mariano Rajoy ha apurado la legislatura hasta el último momento. El president de la Generalitat corre frenéticamente desde el 2010 y el del Gobierno se pasea por la política desde el 2011. En su momento –y fue desde las páginas de este diario– se valoró como más prudente y productivo que Mas culminase la legislatura y convocase elecciones conociendo la composición de las Cortes y el signo del nuevo Gobierno central. La lógica del timing de Mas ha resultado inescrutable y ahora las circunstancias le imponen a él, a su lista unitaria y a Catalunya entera un largo impasse aunque con hitos inaplazables: la decisión de cómo concurrir a las generales –supercreativamente juntos ERC y CDC o por separado– y las sesiones de investidura (¿fallidas?) de Artur Mas. Con una circunstancia abrasiva: el caso de la posible corrupción del 3% en plena eclosión judicial.
Los resultados del 20-D, sin embargo, no van ofrecer soluciones al bloqueo político catalán. Sólo dos expectativas parecen consistentes y con alguna repercusión en Catalunya. De una parte, que la fragmentación en el Congreso imponga la negociación de una reforma constitucional; de otra, que la ausencia de la mayoría absoluta del PP refresque el ambiente enrarecido con el que culmina la legislatura. Sin embargo, ni populares, ni socialistas, ni Ciudadanos van a ofertar al secesionismo catalán ni un referéndum de autodeterminación (ni al estilo escocés ni al canadiense), ni van a singularizar Catalunya hasta el punto de reconocerla constitucionalmente como nación. Las estrategias de los tres partidos difieren sobre cómo abordar la cuestión catalana, pero Rajoy, Sánchez y Rivera se atienen a unos límites que el independentismo catalán no podría aceptar a estas alturas del proceso.
El secesionismo ha rebasado a las instituciones que lo comparten como objetivo con fuerzas políticas antisistema (CUP) y con organizaciones sociales muy articuladas (ANC, Òmnium Cultural). La interlocución catalana con Madrid, ahora inexistente, será magmática en un futuro inmediato porque el resultado del 27-S se reveló endiabladamente complejo y la mayoría independentista heterogénea. Aunque el cambio de escenario en Madrid sea muy profundo –que lo será– ¿podrán superarse en Catalunya las contradicciones internas entre moderados y radicales, entre secesionistas inasequibles a la negociación y los pragmáticos? Para cualquier Gobierno que salga de las urnas el 20-D, Catalunya es una prioridad política, por encima de cualquier otra, al margen de la gestión de la crisis económico-social por la que atraviesa el conjunto del país. Es posible que tras el quietismo de Rajoy, el nuevo poder central que salga de los comicios quiera mover ficha proponiendo una negociación hasta ahora inédita. La gran cuestión es si desde Barcelona resultará aceptable para los impulsores del proceso soberanista. En definitiva, tras el 20-D se determinará con algún grado de
Los resultados de las elecciones generales no van a ofrecer solución al bloqueo catalán
seguridad si el Estado ha llegado muy tarde a la mesa o el independentismo se ha retirado de ella con demasiada prontitud.
En la sociedad española hay deseos bien explícitos de que se encuentre una solución de compromiso y sin rupturas. Rajoy y el PP no se van a beneficiar en las urnas por la (no) gestión política ante el proceso soberanista. Es más: desde Génova y Moncloa se propugna no conferir al conflicto carácter protagónico en la campaña electoral porque Catalunya –sin perjuicio de que también lo sea para otros– es un fracaso para el PP y para el Gobierno y su presidente. Los que aspiran a serlo deberán enfrentarse a él pero temen –de Sánchez a Rivera– que sea demasiado tarde para manejarlo de una manera que no termine siendo traumática. Quizás la solución haya de provenir de la propia Catalunya emplazada a hacer una síntesis más completa e integradora de sí misma.