Archivado el caso de los alumnos acusados de robar exámenes
Los responsables de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) prefieren guardar silencio ante el escándalo de la red de compraventa de exámenes que implica de momento a cuatro estudiantes, quienes habrían reconocido que conocían de antemano el examen final de Contabilidad de Gestión, la asignatura más dura de la carrera de Empresariales. Se trata de un asunto que afecta al prestigio académico de una de las universidades públicas más reconocidas de Andalucía y no quieren que el tema se convierta en un asunto que pueda manchar esa reputación.
“Cuando surgieron las primeras sospechas, el decano abrió una investigación interna sobre aquellos alumnos de los que se sospechaba que podían haber cometido alguna irregularidad. Cuando se comprobó que el problema rayaba lo ilegal, se puso el tema en manos de la Justicia”, asegura un portavoz de la Universidad. De momento, el juez ha determinado el archivo provisional del caso por cuanto considera que no se ha podido probar que los cuatro estudiantes imputados fueran quienes accedieron al sistema de almacenamiento en la red donde se guardaban los exámenes.
Junto a la investigación interna, la universidad inició un expediente sancionador a varios alumnos presuntamente implicados en la red de compraventa de exámenes. “También hemos cambiado y reforzado las medidas de seguridad de los sistemas informáticos que empleamos en la Universidad, para que estos hechos no se puedan volver a repetir”, aseguran.
La UPO detectó durante su investigación la utilización de un programa de copia de claves llamado Keylogger, un sistema que se activa cuando el profesor escribe su usuario y clave para entrar en el equipo y lo “roba”. Desde cualquier otro ordenador se accede a esa clave y se pueden descargar los documentos que se deseen. “El problema de este asunto es que se ha violado la intimidad de los profesores a los que se han robado las claves y, por lo tanto, nos encontramos ante lo que puede ser un ilícito penal”, señalan desde la UPO.
Si el caso se reabre, los implicados podrían ser acusados de delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Según Juan Herrera, responsable de un prestigioso bufete de abogados sevillanos, se trata de “unos delitos que, según establece el artículo 197 del Código Penal, conllevan aparejadas penas de prisión de uno a cuatro años”.
Las pesquisas de la UPO para descubrir a los estudiantes hackers comenzaron cuando, de repente, casi todos los alumnos de la asignatura Contabilidad de Gestión comenzaron a obtener notas excelentes, incluso aquellos que habían ido muy mal durante el curso.