Mas ante Montoro
ARTUR Mas, presidente de la Generalitat, tuvo ayer palabras muy duras para el Gobierno central y, en particular, para su ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Nada nuevo, si se quiere: el desencuentro domina las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno desde el inicio del proceso soberanista. Ambas partes son refractarias al diálogo, y la escalada verbal es continua. Aun así, las palabras de ayer resonaron especialmente ásperas. Mas acusó a Montoro de jugar con fuego y usó términos como mentira, agresión, humillación y castigo. Se refería al control impuesto por el Gobierno a la ejecución del presupuesto de la Generalitat, basándose en la caída de su calificación crediticia, las discrepancias sobre la contabilización de inversiones por valor de 1.318 millones de euros, y determinadas declaraciones sobre impago a farmacias o desacato a la ley. Estas tres razones llevaron al Gobierno a condicionar la entrega a la Generalitat de 3.034 millones de euros adicionales del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Según Mas, tal medida es una represalia política causada por los resultados del 27-S, que dieron mayoría parlamentaria a los soberanistas de Junts pel Sí y la CUP, con menos del 50% de los votos. Añadió el president que tales medidas no eran sino una aplicación encubierta del artículo 155 de la Constitución, que faculta al Gobierno para suspender una autonomía.
Artur Mas ha dado en las últimas semanas algunos pasos políticos que en esta página hemos criticado frontalmente, y uno de ellos es la decisión de llevar adelante su proceso independentista pasando por encima del ordenamiento legal del Estado. Quien así actúa no debería sorprenderse ante ciertas conductas.
Dicho esto, creemos que el Gobierno no ha sido prudente al esgrimir un instrumento económico, como es el FLA, en la brega política. Por distintos motivos. El primero, porque pretendiendo obstaculizar el rumbo a Mas lo que hace es perjudicar al conjunto de los catalanes. El segundo, porque pudiendo averiguar y analizar el uso de los fondos en cuestión, y sancionarlo si hubiera lugar para ello, opta por un sistema de control preventivo. Y, el tercero, porque esta ofensiva política no granjeará nuevos apoyos al Gobierno en Catalunya. Por el contrario, podría mermarlos.
Es lógico que el Gobierno estatal defienda la unidad de España y, a tal fin, combata el proyecto soberanista catalán. Está en su derecho. Pero dispone de varios medios para hacerlo, y le suponemos la habilidad para escoger los que sean más propicios para sus intereses y menos lesivos para el conjunto de los catalanes.