Desencallada la licitación de la estación de la Sagrera
El tribunal que dirime los conflictos en las obras públicas da la razón a Adif y anula la paralización cautelar del calendario previsto
El Estado ha logrado desencallar la licitación para la redacción del proyecto de arquitectura e instalaciones de la estación del AVE de la Sagrera, que vuelve a tener calendario. El BOE publicó el sábado que la fecha límite para la obtención de documentación e información será el próximo 4 de enero. Justo una semana después, y hasta el mediodía, se podrán presentar las ofertas o solicitudes de participación de las firmas de arquitectura que opten a diseñar la estación, llamada a ser un nuevo icono de Barcelona, aunque por ahora avanza a trompicones.
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya logró el pasado octubre la paralización cautelar del proyecto, en una nueva vuelta de tuerca para unas obras que se acabarán mucho más tarde de lo previsto, “antes del 2020”, según la última previsión del Ministerio de Fomento. Adif, el administrador de las infraestructuras ferroviarias, asegura que “una media mensual de 400 operarios” trabaja en la zona, no en la estación, pendiente de diseñar, pero sí en sus accesos. Sin embargo, la imagen que a diario ven los vecinos de Sant Martí y Sant Andreu es la de una inactividad casi absoluta. La paralización de la licitación fue otro jarro de agua fría. Los arquitectos recurrieron ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, el organismo que dirime los conflictos entre los sectores público y privado o que afectan a adjudicaciones y concesiones de obras públicas. Este organismo ha fallado en contra de casi todos los argumentos del recurso, excepto el que hace referencia al “seguro de indemnización por riesgos profesionales” que se exige a los candidatos. El tribunal considera que la cuantía era excesiva, como sostenían los litigantes. El fallo, de 18 páginas, da la razón en el resto de las cuestiones a Adif, lo que permite al tribunal “levantar la suspensión del procedimiento de contratación”.
La corporación que representa a los arquitectos de Catalunya, por ejemplo, alegó que “el procedimiento de adjudicación (...) debería minimizar la importancia de
El recurso rechazado pedía que el Estado minimizara el valor de los costes y priorizara la calidad de las obras
los aspectos económicos y apostar decididamente por priorizar los aspectos cualitativos sobre el precio”. La sentencia argumenta que este y otros reproches “no pasan de ser meras opiniones o sugerencias”. El tribunal insiste en que los órganos de contratación del Estado “gozan de discrecionalidad técnica” para inclinarse por la “oferta económica más ventajosa” o “para fijar los criterios de adjudicación”, salvo que haya “arbitrariedades, discriminaciones o errores”, que según el juzgador aquí brillan por su ausencia.