Barcelona ya tiene abiertos 16 procesos de participación ciudadana
La externalización y la repetición de consultas enfrentan al gobierno Colau y la oposición
La participación ciudadana, una de las banderas de regeneración política de Bcomú y Ada Colau, es diana de los dardos de la oposición. “Un ayuntamiento que camine preguntando y obedeciendo”, proponía Ada Colau en la campaña que la llevó a la alcaldía. La voz de “la gente” es clave en los planteamientos del gobierno barcelonés, entendida como requisito de la “profundización democrática”. Para hacerse una idea, basta con ver que el proyecto de presupuestos municipales para el 2016 prevé ampliar la partida de “participación y relación con la ciudadanía” de 9,1 a 14,1 millones de euros.
Varios partidos de la oposición han pedido al gobierno, por un lado, que no externalice la gestión de los procesos participativos y, por otro, que no repita procesos ya hechos. Algunos partidos han insinuado, por decirlo suavemente, “amiguismo” en algunas contrataciones. La concejal de Participación y Territorio, Gala Pin, que también lo es del distrito de Ciutat Vella, defiende la profesionalidad y competencia de las empresas contratadas y califica de “ridículas” las acusaciones de que se contraten “a dedo”.
La oposición, o la mayoría de la oposición, pone en cuestión no la participación en sí misma, sino la manera de conducirla, encauzarla. “Dirigirla” hacia los propósitos del gobierno, dicen los más críticos. Los dardos apuntan principalmente a las contrataciones de empresas dinamizadoras y la “repetición” de procesos y consultas, que, como mínimo, alargan el procedimiento, si no varían sensiblemente decisiones adoptadas por el anterior gobierno que ya llevó a cabo procesos previos de participación. Uno de los ejemplos más destacados es el relativo a la reforma de la Rambla. El gobierno de Xavier Trias diseñó un plan especial para reordenar el popular paseo y el equipo actual lo paralizó para ampliar la participación. El
ACUSACIÓN DE AMIGUISMO Las contrataciones para dinamizar los consejos de distrito levantan polémica
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR parón al plan especial irritó especialmente a CiU, cuya concejal Mercè Homs acusó al gobierno de provocar “un coma inducido a la Rambla”. Casos parecidos, de frenazo para seguir, son los de la cobertura parcial de una tramo de la ronda de Dalt, o la finalización de la reforma del Paral·lel. Gala Pin ha repetido la voluntad de BComú de aprovechar el trabajo hecho antes, incluso lo ha calificado de “buen trabajo”, y asegura que se interpretan mal las intenciones del gobierno. “Más que repetir –dice– es ampliar y buscar la participación de gente que habitualmente no participaba”. Por contra, se retrasa la toma de decisiones y se varían proyectos ya aprobados que no gustan al gobierno. En todo caso, el equipo de Colau ha advertido que de las consultas y participaciones no prosperarán propuestas que vayan contra su programa de gobierno.
La reapertura de carpetas que ya se habían cerrado, sin embargo, no garantiza siempre un aumento importante de la participación. En un mes largo, entre octubre y noviembre, el proceso sobre los horarios comerciales en festivos de verano había recibido unas 1.900 aportaciones, que se antojan pocas para un tema de repercusión en toda la ciudad.
El marco del debate es una administración municipal que, desde las primeras normas de participación ciudadana de 1986 (reformadas varias veces, la última en el 2014), ha ido ganando prestigio por sus múltiples vías y foros a través de los que entidades y ciudadanos pueden debatir y hacer propuestas a la administración. Hay consejos de barrio, audiencias públicas de distrito, consejos ciudadanos de distrito, el consejo municipal de entidades, comisiones de seguimiento, el consejo de ciudad y consejos sectoriales (de la mujer, de juventud, de bienestar social, de la tercera edad, de inmigración, de educación, de comercio, de vivienda, de cultura, de deportes…). Hay también espacios coyunturales de participación, para proyectos y temas concretos.
Los consejos de barrio son un espacio de participación donde mejor se manifiesta el nuevo estilo. Reuniones con vecinos que, en líneas generales, presentaban quejas y exponían reivindicaciones se han transformado con la presencia de monitores o “dinamizadores” externos. En los consejos que han adoptado la nueva fórmula (no todos, cada distrito decide su modelo) forman dos o tres grupos de trabajo con vecinos sobre temáticas determinadas (movilidad, limpieza, uso del espacio público, turismo...) que discuten y elaboran propuestas con la orientación, dirección o acompañamiento de los monitores. En palabras de Pin, han pasado de ser “pequeñas audiencias públicas” a “espacios de trabajo y elaboración de propuestas”.
El pasado 18 de noviembre, en la comisión municipal de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención se aprobó, con la abstención de BComú, una proposición del PSC que insta al gobierno a ser transparente sobre el coste de las contrataciones externas para los consejos de distrito y que no se replanteen acuerdos surgidos de anteriores procesos participativos, como los de la reforma del Paral·lel, los equipamientos de la Sagrera, la finca de Germanetes en el Eixample o la última fase de la reforma de la colonia Castells, en Les Corts, estos dos últimos en cartera de un nuevo proceso de consulta. En la misma sesión se aprobó, a propuesta de CiU y con el voto en contra de BComú, que no se contrate a terceros para la dinamización de espacios de participación como los consejos de barrio y las audiencias públicas. Estos puntos aprobados en comisión no obligan al gobierno.
En aquella comisión el concejal Jordi Martí (CiU) preguntó sobre los criterios de selección de las empresas dinamizadoras de los consejos de distrito, preocupado porque no se hubiera hecho alguna “a dedo, a conocidos de ustedes”. Pin respondió que los con- tratos se hacen “dentro de la legalidad y basándose en la experiencia de las empresas”. Y dio una lista de costes.
Así, para realizar diversos trabajos de dinamización, evaluación, elaboración de conclusiones en procesos participativos en varios distritos, la empresa Igop ha sido contratada por un valor de 7.247,90 euros; el colectivo Punt.6 por 4.450 euros, para varios trabajos en el Eixample. En el distrito de Sant Martí se han contratado los servicios de Encís por 2.541 eu- ros. La cooperativa Raons Públiques ha conseguido cinco contratos para tareas de dinamización en los consejos de barrio de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y HortaGuinardó. Los cinco contratos suman 25.000 euros: el mayor, de 9.982 euros y el menor, de 1.936 euros. Raons Públiques es objeto de las principales suspicacias de parte de la oposición. Los concejales Paco Sierra (Ciutadans) y Ángeles Esteller (PP) preguntaron expresamente por ella y por el colectivo Punt 6.
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DINAMIZACIÓN Una de las empresas contratadas fue premiada por el gobierno de Trias
En la cooperativa de urbanismo Raons Públiques trabajaba hasta hace poco Gaëlle Suñer, pareja de Raimundo Viejo, que ha sido concejal de Educación y del distrito de Gràcia hasta que dimitió para presentarse como candidato al Congreso. La cooperativa ha manifestado “no contestamos a insinuaciones o acusaciones” y ha señalado que Viejo y Suñer han presentado, a título individual, una solicitud legal de rectificación de noticias publicadas al respecto. También ha señalado que Viejo no intervino como concejal en ninguna toma de decisión sobre la contratación de Raons Públiques. Esta cooperativa puede, además, exhibir una larga serie de trabajos con administraciones públicas, incluido el Ayuntamiento de Barcelona gobernado por CiU (plan de usos de Gràcia, planificación del Paral·lel). El gobierno de Trias otorgó a Raons Públiques, en marzo del año pasado, el XIII premio Barcelona Associacions.
En Punt 6, que también ha trabajado con ayuntamientos, diputaciones y la Generalitat, estuvo hasta septiembre pasado Zaida Muxí, compañera del concejal de Vivienda Josep Maria Montaner. Dejó el colectivo al ser nombrada directora de Urbanismo de Santa Coloma de Gramenet.
La externalización de estos trabajos se ve como privatización de la gestión de los procesos participativos. Pin ha explicado que el Ayuntamiento sólo dispone de 10 técnicos especialistas en participación ciudadana (uno por distrito). Otros técnicos de distrito, que asisten a consejos y audiencias pero tienen otras responsabilidades, van sobrecargados de trabajo. Así justifica las contrataciones externas, que tendrán un próximo capítulo, de más envergadura: el proceso participativo de los diez planes de actuación de distrito (PAD) y del programa de actuación municipal (PAM). Habrá un concurso para adjudicar la gestión y coordinación de la participación, que se repartirá en 14 lotes. Uno por distrito y cuatro sectoriales: infancia y adolescencia, juventud, actividad económica y grandes actos y acontecimientos de ciudad. En el anterior mandato, el proceso participativo para elaborar el PAM, a través de internet y de trípticos donde los ciudadanos aportaban opiniones, costó unos 400.000 euros, incluyendo la producción y la publicidad.