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Las propuestas de reformar la Constitución al calor de las elecciones, y la crisis política y económica de Brasil.
BRASIL se halla sumido en una grave crisis política y económica de la que le costará mucho remontar. El proceso de destitución abierto esta semana contra la presidenta del país, Dilma Rousseff, por sospechas de haber maquillado las cuentas públicas, a raíz de una iniciativa parlamentaria del presidente del Congreso, Eduardo Cunha, como venganza por haber sido acusado de corrupción por el partido en el Gobierno, define un grave estado de bloqueo y de deterioro institucional. Es justo lo que el país menos necesita para superar la dura recesión que sufre desde hace un año.
El principal país de Latinoamérica y una de las economías emergentes más prometedoras ofrece en estos momentos, a ocho meses de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la peor imagen de su reciente y brillante historia. Los casos de corrupción que afectan a las altas esferas políticas y económicas del país, a raíz del caso Petrobras, se acumulan en los juzgados mientras la economía se hunde cada vez más en la crisis.
Parece increíble que el gigante de Latinoamérica, con doscientos millones de habitantes, que hasta hace poco tenía una economía pujante, la séptima del mundo, con altas tasas de crecimiento, heredera de los exitosos planes de desarrollo social impulsados por el mítico presidente Lula da Silva, que sacaron de la pobreza a más de treinta millones de personas, haya podido entrar en barrena. El drástico descenso de los precios del petróleo y de las materias primas, a causa de la crisis de China, ha hundido los ingresos del Estado y de las grandes empresas del país, lo que se ha combinado con graves errores de política económica del Gobierno de Dilma Rousseff. Todo ello ha agravado el déficit público, ha depreciado más de un 30% la divisa nacional, el real, ha disparado la inflación hasta el 10% y ha multiplicado la destrucción de puestos de trabajo, a razón de 200.000 nuevos parados cada mes. La previsión es que el producto interior bruto (PIB) se contraiga un 3% este año y otro 2% el próximo, en lo que se perfila como la peor recesión en 85 años.
La desconfianza de los inversores y de los mercados financieros en Brasil es, pese a todo, la peor amenaza para su futuro. El país necesita un nuevo liderazgo político y económico, que aún no se vislumbra, para encauzar la salida del actual marasmo. El proceso de destitución abierto contra Dilma Rousseff, de resultado incierto, será largo y complejo, agravará la división política del país y hará más difícil su gobernabilidad. La única esperanza es que, pasado este proceso, y sea cual sea la resolución final sobre su destitución, el panorama político de Brasil pueda empezar a estabilizarse.