Homs plantea en Madrid la independencia pactada de Catalunya
La propuesta de CDC se apoya en “razones democráticas, políticas, económicas y europeas”
El cabeza de lista de Democràcia i Llibertat, Francesc Homs, presentó ayer en Madrid su propuesta de pacto político para hacer efectivo de manera negociada el “mandato” recibido en las urnas de “creación de un Estado catalán independiente en forma de república”.
Homs defendió la iniciativa como un acto de coherencia con los postulados de su formación. Y también como un intento de superar una etapa caracterizada por parte del Gobierno por “la negación de la realidad, el menosprecio, la descalificación, la irresponsabilidad, la beligerancia, el castigo y el uso de la ley como arma arrojadiza”.
La propuesta va a dirigida al conjunto de fuerzas políticas españolas que obtengan representación parlamentaria el próximo 20-D. Simbólicamente, Homs hizo la presentación en el hotel Villarreal, frente al Congreso, donde hace diez años las fuerzas nacionalistas celebraron la aprobación de la reforma del Estatut, luego declarado parcialmente inconstitucional cuando el pueblo de Catalunya ya lo había ratificado en referéndum. Para Homs –que también visitó brevemente el Congreso junto a Carles Campuzano, Lourdes Ciuró y Miriam Noguera, miembros de su candidatura-. se ha demostrado que la vía autonómica ya no es útil y resulta necesario abrir de forma democrática y con diálogo el camino hacia la independencia de Catalunya.
Homs subrayó que ese pacto sería beneficioso también para el resto de España. Y planteó que hay razones democráticas, políticas, económicas y de construcción europea para plantear esta salida pactada, dado el agotamiento del modelo actual. La razón democrática –dijo– está del lado de Catalunya, que propone diálogo para ser reconocida como “sujeto político”. De hecho, lo es
El candidato de CDC considera que Pedro Sánchez actúa como “un palmero” de Rajoy
–añadió- porque en la Consttiución vigente ya se pactó que los catalanes deben votar su Estatut, cuando “la mayoría de las comunidades no lo tienen regulado así”. La voz del pueblo, por tanto, se reconoce en teoría como determinante, aunque luego han venido las excepciones, de la mano del Gobierno y el Tribunal Constitucional (TC).
A juicio de Homs, carece de sentido que el TC pidiera diálogo cuando anuló la declaración soberanista del Parlament de 2013, y en cambio
Homs cree que el pacto conviene a todos porque Catalunya asumiría una parte de la deuda española
ahora haya liquidado la última resolución, la que proponía la desconexión abogando por la negociación y los acuerdos. “Ignorar el resultado de las urnas –dijo– va a legitimar una vía catalana” hacia la independencia, porque “a la democracia no se le puede decir indefinidamente que no”.
Las razones políticas para el pacto derivan de lo anterior, porque “se utilizan las instituciones y el derecho a favor de intereses partidarios”. Y no se reconoce, en cambio, que ya desde la primera ley que elaboró en 1980 el Parlament definió a Catalunya como nación.
A favor del pacto por la independencia también hay –prosiguió– razones económicas. Y es que Catalunya –dijo- es viable como Estado independiente. Su marcha sin acuerdo “tendría peores consecuencias para España”. El pacto permitiría, en cambio, que Catalunya se hiciera cargo “de una parte de la deuda española”. Y citó para apoyar estos argumentos un estudio de expertos de la Universidad de Sidney.
Por último, hay razones de índole europea a favor del pacto por la independencia, porque Europa se construye sobre bases democráticas. “Expulsar a Catalunya sería el fin de la Unión Europea”, dijo. Y añadió que con un acuerdo en la península Ibérica habría tres estados, en lugar de dos, con lo que todos ellos tendrían más fuerza para defender sus intereses.
Homs mostró, en cambio, nula confianza en las propuestas de reforma constitucional del PSOE, afirmando que Pedro Sánchez está siendo “un palmero de Rajoy”. Y dio por seguro que si “sigue la estrategia del rechazo, el independentismo crecerá” aún más. Pero se vive un momento de tanta “inseguridad jurídica” –añadió– que nadie puede asegurar que el Constitucional no considere como “desobediencia” cualquier iniciativa que puedan adoptar las fuerzas soberanistas.