El PP prepara su reforma constitucional
Rajoy sabe que, si sigue en la Moncloa, deberá abordar la modificación de la Carta Magna y ya ha diseñado las líneas rojas, dispuesto a que el debate no se le vaya de las manos. Piensa afrontarlo con el PSOE y Ciudadanos.
El Gobierno que salga de las urnas en dos semanas deberá afrontar la reforma de la Constitución 37 años después de su entrada en vigor. Ésa va a ser una misión ineludible. Los grandes partidos que se enfrentan en estas elecciones lo saben, pero el debate sobre qué hay que reformar y en qué sentido va a estar ausente de la campaña, salvo hoy, aniversario de su ratificación en referéndum. Es como si los líderes no se atrevieran a mojarse demasiado para evitar después lecturas sobre renuncias o intenciones perversas.
¿Cuáles son sus planes? Hasta ahora ha sido el PSOE el partido que más ha insistido en la reforma porque le ha servido para apaciguar los ánimos internos sobre la actitud del PSC ante un referéndum sobre la independencia de Catalunya. Pedro Sánchez no se sale un milímetro de la ambigua propuesta territorial consensuada en Granada. Pero los socialistas catalanes y los andaluces afrontan esa reforma con diferente talante. Para los primeros es la oportunidad de ofrecer una propuesta al soberanismo coyuntural, los segundos se lo toman a la defensiva.
Pero la posición nuclear la va a tener el PP si, como apunta el CIS, Rajoy sigue en la Moncloa aunque pierda la mayoría absoluta. El líder popular ha pasado del absoluto rechazo a la reforma constitucional a admitirla con timidez. Su obsesión es que no se le escape de las manos, acotar su alcance, temeroso, que estas cosas se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban... Mira Zapatero yel Estatut... Rajoy quiere limitar la reforma a las cuatro cuestiones sobre las que consultó en el 2006 el expresidente socialista al Consejo de Estado: supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, adaptación al proceso de construcción europea, inclusión de la denominación de las comunidades autónomas y reforma del Senado. El informe que redactó Francisco Rubio Llorente, tuvo el voto en contra de Aznar, no por disconformidad con el contenido, sino por considerarlo inoportuno.
El prestigioso jurista ha dicho en más de una ocasión que es preciso eliminar el principio dispositivo como rector del texto constitucional. Ante las dificultades para ponerse de acuerdo en el tema territorial, los padres de la Carta Magna dejaron abierto el modelo basándose en dicho principio, de forma que a través de los estatutos se han podido cambiar elementos definitorios de las comunidades e incluso de todo el sistema. En virtud de ese principio, se ha mantenido permanentemente abierta la delimitación de competencias entre autonomías y Administración central, con la consiguiente conflictividad en los tribunales. El PP interpreta que es preciso poner un techo a las competencias autonómicas, pero no entra en una cuestión fundamental: si el reparto de competencias debe ser para todas igual o debe haber una asimetría. Rubio Llorente también defiende que la Constitución “asegure” la solidaridad entre comunidades.
Rajoy no piensa dar el primer paso. Quiere que el PSOE solicite la reforma y especifique para qué. Cree que puede entenderse con los socialistas, puesto que confía en que Susana Díaz mantendrá embridado el partido ante las demandas de Catalunya y el País Vasco. También considera que Ciudadanos debe formar parte de ese consenso básico. De hecho, Albert Rivera lleva en su programa una propuesta similar de blindaje de competencias estatales. El PP no cuenta demasiado con Podemos, aunque Pablo Iglesias ha pasado de reclamar un proceso constituyente para “abrir el candado de 1978” a defender una mera reforma.
El líder del PP quiere aprovechar para introducir también algún cambio sobre el sistema electoral. Mantiene su idea de primar de alguna forma al partido más votado. En cambio, no tiene ninguna intención de discutir sobre la definición de Catalunya como nación, ni siquiera, como defienden algunos socialistas, como “comunidad nacional”. El único asunto en el que concede margen a la Generalitat es en la financiación autonómica, pero esa es una cuestión que se abordará aparte y antes. El PP rechaza incluir en la reforma
DAVID AIROB constitucional el principio de ordinalidad para que se respete la posición de cada autonomía una vez evaluada su aportación al sistema.
La gran incógnita será el papel que tendrá Catalunya y Euskadi. El candidato convergente, Francesc Homs, estará presente en una comisión de reforma de la Carta Magna, pero hasta ahora ha asegurado que lo hará para reclamar que se negocie la independencia. El peneuvista
Iñigo Urkullu propuso a Artur Mas hacer un frente común en esas discusiones, pero el presidente de la Generalitat lo rechazó. Lo que sí se perfila es que esta reforma decisiva va a pillar a Catalunya con una representación muy fragmentada y, por tanto, con escaso poder político y poca capacidad de influencia.