La Constitución de 1978, en campaña
COINCIDE el primer domingo de la crucial campaña para las legislativas del próximo día 20 con el 37.º aniversario del referéndum que sancionó la Constitución española de 1978. Una campaña en la que la reforma de la Carta Magna aparece por vez primera en los programas políticos como una propuesta más que posible, inevitable. La realidad es que hay amplios sectores de la ciudadanía que reclaman una profunda revisión constitucional para poner al día la ley básica en cualquier Estado democrático. En estos 37 años transcurridos, la sociedad ha cambiado de forma tan decisiva que, en algunos aspectos determinados, lo que en 1978 era indiscutible o cuando menos razonable, hoy roza la obsolescencia o, incluso, lo anacrónico.
Por tanto, la reforma constitucional es una de las cuestiones clave en esta campaña electoral. Aspectos como la preferencia del varón en la sucesión al trono, el papel del Senado, la organización territorial, el Estado de bienestar, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, o los derechos ciudadanos en sanidad o en vivienda, entre otros, reclaman una revisión.
Aunque el Partido Popular se ha mostrado tradicionalmente reticente a esa reforma, en esta campaña incluye el inicio de los trabajos para una reforma constitucional ante lo que empezaba a convertirse en un clamor popular. De hecho, el pasado verano, el presidente Mariano Rajoy abrió esta posibilidad, que ratificó el pasado viernes en Ávila, cuando admitió que “la Constitución se puede cambiar y adaptar, pero hay que saber muy bien lo que se va a hacer y tener el consenso”. Aunque es evidente que el consenso es un punto de llegada y no de partida, está claro que la opción del PP es una reforma limitada.
Tampoco está claro el alcance de la que plantea el PSOE, que básicamente propone la constitución de una ponencia para la reforma que, en líneas generales, aborde una modificación amplia del modelo territorial, para orientarlo en un sentido federal, y el Senado, así como el blindaje de los servicios básicos del llamado Estado de bienestar.
También Ciudadanos se apunta a revisar la Constitución, en consonancia con sus objetivos reformistas. El partido de Rivera concreta en su programa una reforma constitucional dirigida, entre otros objetivos, a salvaguardar derechos sociales, fortalecer garantías judiciales y construir una organización territorial que se blinde ante cualquier pretensión de expansión autonómica.
Mientras que los partidos nacionalistas como PNV e independentistas como Democràcia i Llibertat y Esquerra Republicana no contemplan una reforma de la Constitución, por razones diferentes –por supuesto que el grupo vasco no correrá ningún riesgo que afecte al futuro del Concierto–, los dos partidos situados más a la izquierda, Podemos e Izquierda Unida, abogan por un nuevo proyecto constitucional que, entre otras cosas, contemple el derecho a decidir.
Aunque las posiciones de fondo respecto a la reforma constitucional de los diversos partidos en liza están lejos de ser coincidentes, la posibilidad de que en la próxima legislatura se inicie el proceso para una revisión de la Constitución dependerá, claro está, de los resultados y de las negociaciones que se inicien el 21-D para la investidura del nuevo gobierno. Ahí se pondrán las cartas encima de la mesa. Y lo que pueda ocurrir en ese transcurrir puede ser capital para la resolución del contencioso por el encaje de Catalunya.