“La actitud de muchos alcaldes ha sido deplorable”
Antonio Vercher, fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo
Antonio Vercher, fiscal coordinador de medio ambiente y urbanismo desde la Fiscalía General del Estado, se encarga de perseguir los delitos ecológicos en España. Su trabajo –y el de todo su equipo– ha sido reconocido con el premio BBVA a la conservación de la biodiversidad.
¿Cuál es su diagnóstico sobre los delitos urbanísticos cometidos estos años en España? La razón principal que impulsó la creación en el año 2006 de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo fue la corrupción urbanística. Como consecuencia de los casos Malaya y Ballena Blanca, se observó que hubo blanqueo de dinero en operaciones ilegales e implicaciones mafiosas altamente perturbadores. Desde el segundo año de su creación se iniciaron las estadísticas, y, con creces, el mayor número de condenas dictadas son las que refieren al urbanismo y la ordenación del territorio. En el 2013, se llegaron a dictar 501 sentencias de condena en materia de urbanismo. En el 2014 bajaron un poco.
¿De qué tipos?
De todo. Construcciones de zonas verdes, construcciones en espacios naturales protegidos, grandes cantidades de prevaricaciones administrativas… hay todo lo imaginable. En un primer momento, era difícil conseguir sentencias de condena porque era una materia novedosísima. Pero a medida que se van consiguiendo sentencias de condena y se dispone de jurisprudencia, se van asentando bases doctrinales, cada vez es más fácil obtener sentencias de condena.
¿Por qué bajó el número de condenas en el 2014?
Los fiscales lo atribuyen a que las sentencias empiezan a hacer su efecto, y hay menos construcciones como consecuencia de la crisis económica. Las sentencias de condena proceden de asuntos bastantes anteriores. Pero a partir del momento en que va entrando gente en la cárcel, y se empiezan a aplicar penas a través de las condenas, vemos que ese modus operandi tan peculiar empieza a ser replanteado por los sectores delictivos.
¿Quién incumple más las leyes ambientales, los particulares o las administraciones?
No creo que haya ningún estudio sociológico sobre esto. Pero en relación al urbanismo, tengo que decir que la actitud de un altísimo numero de alcaldes ha sido deplorable, deplorable.
¿Y por qué ha ocurrido?
Pues porque han tenido mucho poder.
Ante la continua superación de los límites legales de la contaminación del aire en las grandes ciudades, no ¿debería intervenir ya la justicia?
En el momento en que actuamos para reubicar las estaciones de control en Madrid, a nivel nacional no había una legalidad suficientemente estable y clara incluyendo la trasposición de la normativa europea que nos sirviera de trampolín para proceder. Para poder actuar, necesitas una base legal, y si la base legal no existe, pues no puedes hacer nada. En el momento actual esa base leal ya existe.
¿Cuál sería?
Si hay un protocolo contra la contaminación en vigor y no se aplica, y hay una denuncia, entonces se puede proceder contra quien no aplica el protocolo, por posible prevaricación. Pero este protocolo se ha acabado de introducir ahora (en Madrid).
La nueva ley de Montes permite recalificar zonas quemadas, ¿qué opina?
Me importan poco. No me ha parecido bien (el cambio legislativo), porque me gustaba como estaba redactada la ley con anterioridad. Pero el Codigo Penal tiene un artículo que establece que, ante este tipo de supuestos, a petición del fiscal, un juez podrá decretar también la prohibición que se construya en el lugar quemado durante 30 años, en los casos en que el tema esté judicializado. Eso está en vigor.
Los grupos ecologistas han denunciado repetidamente las extracciones ilegales de agua.
Ha habido mucha irresponsabilidad por parte de las administraciones anteriores. Nos hemos encontrado con verdaderas aberraciones tanto en Doñana como en las Tablas de Damiel. Se crearon estos parques nacionales, pero al mismo tiempo, las administraciones no ponen coto a las extracciones de agua para plantaciones y agricultura. Lo que hacemos es intentar reconducir el tema. En ambas zonas han presentado un número importante de querellas por parte de las fiscalías de Castilla-La Mancha y de Sevilla, y se siguen preparando proyectos de querellas.
EN MATERIA URBANÍSTICA “En el año 2013 se llegaron a dictar 501 sentencias de condena”