Los temas del día
El impacto global de la notable caída del precio del petróleo, y la protesta masiva en Amposta contra el nuevo Plan Hidrológico Nacional.
UN gobierno en funciones no debería haber aprobado por la directa un proyecto tan necesitado de diálogo como el plan hidrológico de la cuenca del Ebro, tal como ha hecho el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. Pero, además de equivocarse en las formas, el plan aprobado adolece de importantes defectos de fondo que podrían poner en peligro la sostenibilidad del Delta. No es extraño por tanto que las gentes de las comarcas ribereñas se volcasen ayer en una manifestación multitudinaria en contra del citado plan, que contó con el soporte de la Generalitat y de las principales entidades soberanistas, que ven en él un atentado contra Catalunya.
Con independencia del resultado que puedan tener los recursos presentados ante las instituciones europeas por la Plataforma en Defensa de l’Ebre, el nuevo gobierno que asuma las riendas del Estado está obligado a revisar el contenido del citado plan hidrológico sobre la base de las negociaciones –que no han existido– entre todas las partes y los territorios afectados. El objetivo es lograr la armonía de intereses entre la necesidad de aumentar el regadío en las tierras altas por las que transcurre el río y la necesida de caudales suficientes para garantizar la correcta preservación del Delta.
El Gobierno de Mariano Rajoy no ha tenido en cuenta las reclamaciones efectuadas desde Catalunya para aumentar el caudal mínimo del tramo final del río sustancialmente por encima de los 3.000 hectómetros cúbicos que establece el plan, como habían pactado en su día la Generalitat, las comunidades de regantes y la Plataforma en Defensa de l’Ebre. Desde esa entidad se estima que menos de 5.500 hectómetros cúbicos de caudal ecológico supondrían la condena del Delta por el aumento de su salinización, hasta el punto de que no podría resistir los embates del mar.
La Plataforma en Defensa de l’Ebre confía en el apoyo que pueda encontrar en la Comisión Europea, que ha llamado la atención varias veces a España por su política hidrológica y, en el caso concreto del Ebro, sobre el riesgo medioambiental que supone construir más presas. En este sentido, el plan del Gobierno español, en concreto, prevé la realización de 56 nuevos embalses a lo largo de toda la cuenca para abastecer medio millón de hectáreas de regadío más, que se añadirán al millón que incluye el plan anterior. La vulneración de los criterios científicos y técnicos de las normas hidrológicas de la UE parece evidente.
La Generalitat, en cualquier caso, está dispuesta a “combatir”, en palabras del president Carles Puigdemont, el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Ebro. Como hemos dicho, ha sido un error que el Gobierno central lo haya aprobado sin el consenso necesario.