El Síndic denuncia la “intolerable” pasividad con el ‘top manta’
Ribó reclama una “política pública que aborde el fenómeno de manera integral”
El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, denunció ayer la “intolerable” permisividad –tanto social como institucional– con el top manta, un fenómeno caleidoscópico y contra el que las administraciones sólo han emprendido iniciativas “escasas e insuficientes” y campañas realizadas de forma “esporádica y aislada”.
Odia al delito y compadece al delincuente, decía Concepción Arenal. Los manteros no son delincuentes, dice el Síndic, sino “inmigrantes que intentan ganarse la vida y que se hallan en una situación social precaria o de exclusión total”. Pero quienes los explotan y se enriquecen importando los productos falsificados que ellos venden en la calle sí son delincuentes, con actitudes propias de “entramados mafiosos”.
Por ello, Rafael Ribó insiste en que este no es un problema que se pueda solucionar sólo desde el punto de vista policial, y menos si las operaciones se dirigen exclusivamente contra “el último eslabón de la cadena, y precisamente el más débil”. El informe del defensor de los ciudadanos concluye que “es necesario una actuación decidida por parte de las administraciones públicas contra las organizaciones que importan y controlan las logísticas de distribución de productos falsificados”. Encontrar estos productos pirata no es tarea de Sherlock Holmes. La ubicación de los polígonos industriales donde se abastecen los manteros es un secreto a voces. Hay que ayudar a los manteros a salir del círculo vicioso en que ahora se encuentran y golpear duro a los grupos mafiosos que no se manchan las manos con la venta ambulante ilegal. “La actuación policial –dice el informe– se ha de orientar esencialmente a los puntos de distribución mayorista de los productos falsificados de los manteros y a evitar la importación ilegal”. Pero de nada servirá cortar la cabeza de la hidra si luego se deja a los manteros en la estacada. Tan necesarias como las actuaciones policiales, sostiene Rafael Ribó, son las actuaciones de los servicios sociales para que los vendedores encuentren salidas laborales legales o recursos que les permitan hallar alternativas a su modo de vida.
Las administraciones llevan ya 30 años de retraso. El top manta apareció en 1980, dice el Síndic, y se le ha dejado crecer hasta proporciones increíbles, como descubrieron los barceloneses el pasado agosto, cuando los manteros protagonizaron batallas campales contra la Guardia Urbana, con episodios de una violencia e imprudencia nunca vistos, como
“Hay que actuar contra las mafias que explotan a los manteros e importan los productos pirata”
cuando los vendedores bajaron a las vías del metro para pertrecharse de las piedras de los balastos y utilizarlas como arma arrojadiza contra los agentes. Contra los agentes y contra cualquiera que pasara por allí: varios transeúntes resultaron heridos y sólo el azar evitó males mayores.
Los consumidores deben saber que cuando compran en puestos no autorizados no sólo favorecen la degradación del espacio público, sino que fomentan delitos contra la propiedad industrial e intelectual y contribuyen a afianzar una red de “explotación laboral y fraude”. Eso por no hablar de los riesgos que asumen al comprar productos que “pueden afectar a su salud y seguridad”.
Esta lacra, que daña la imagen de la ciudad y los intereses de sus comerciantes, exige una respuesta triple: social, laboral y policial. Y sobre todo, subraya el Síndic de Greuges, debería ponerse fin a “la inactividad y la falta de actuaciones decididas de las administraciones públicas”. No se trata sólo de desatender colectivos vulnerables, como los manteros, o de permitir la cronificación de actividades ilegales, sino de enmendar la “actual falta de una política pública que aborde este fenómeno de manera integral”.