Reformas para una legislatura
El acuerdo PSOE-C’s recupera derechos sociales y propone cambios institucionales, pero soslaya algunos compromisos
La satisfacción en el PSOE y en Ciudadanos por el “acuerdo reformista” rubricado era ayer evidente, más allá de que este finalmente reciba o no los apoyos necesarios en el debate de investidura la semana que viene. Primero porque consideran que han demostrado que es posible salir de la “trinchera partidista”, dialogar y llegar a acuerdos; segundo, porque ven “muy difícil” que tanto Podemos como incluso el PP puedan justificar un voto negativo a este programa de reformas. Estos son los principales puntos y prioridades del acuerdo: Pacto educativo. Defensa de una educación universal y gratuita. Pacto de Estado de educación con el objetivo que en el plazo de seis meses se elabore una nueva ley. Durante ese tiempo se paralizará con carácter inmediato el calendario de implantación de la Lomce (ley Wert). Universalizar de manera progresiva la oferta de Escuelas Infantiles en la etapa de 0 a 3 años. Plan de becas. Renegociar el déficit. Cumplir los nuevos objetivos de déficit. Renegociar con las autoridades europeas el plazo de pagos y evitar nuevos recortes. La intención es que este se sitúe por debajo del 3% en 2017. No se incluye un compromiso de cambiar el artículo 135 de la Constitución. Diputaciones y Senado. Las diputaciones provinciales serán sustituidas por un consejo provincial de alcaldes en los municipios con menos de 20.000 habitantes. Esta medida supondrá un ahorro para las arcas del Estado de 5.000 millones anuales. Transformación del Senado en una Cámara Territorial. De lo contrario se podría suprimir. Freno a los desahucios. Se reconocerá a aquellas personas que han perdido su vivienda por un reciente problema de insolvencia se les facilite una vivienda de alquiler social con un precio que se adecué a sus circunstancias. Asimismo, se reformará la ley Hipotecaria para acabar con las clausulas de las entidades financieras consideradas abusivas por la Unión Europea. Plan de alquiler social en coordinación de la Sareb y otras entidades financieras y de crédito. Sanidad universal. Blindar el derecho a la sanidad pública en la nueva Constitución, así como sus partidas presupuestarias. Plan de descentralización sanitario. Restablecer la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud y recuperar la tarjeta sanitaria para los inmigrantes que estén inscritos en el padrón municipio en el que tengan su domicilio habitual y a todos los extranjeros menores de 18 años que se encuentren en España. El resto de extranjeros con si tendrán derecho a la asistencia de urgencia por accidente o enfermedad. Reforma del IRPF. El objetivo es reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita y mientras tanto, no subirles los tipos de interés. Creación de un impuesto extraordinario para las grandes fortunas. Cultura. El IVA cultural pasará del 21% al 10%. Además se potenciará las funciones del Ministerio de Cultura para que desarrolle una política que promueva la pluralidad cultural y lingüística de España Freno a los referéndums. Firme oposición a todo intento de convocar un referéndum que busque impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España. Reforma laboral. El documento no incluye la derogación de la reforma laboral vigente. Propone tres tipos de contrato: de formación, temporales progresivos e indefinidos. El nuevo contrato estable y progresivo no tendrá duración superior a dos años aunque la negociación colectiva podrá acordar una duración menor según sectores de actividad productiva. Indemnización creciente por despido por causas económicas, organizativas, productivas, técnicas y de finalización de trabajo que tendrá un coste de 12 días el primer año, que se transforman en 16 días el segundo año y confluya con los 20 existentes hoy para los contratos indefinidos. En caso de despido improcedente la indemnización será de 20 el primer año, 25 en el segundo hasta llegar a los 33 días actuales . Sucesiones y donaciones. Se armonizará el impuesto de sucesiones y donaciones, así como el impuesto de Patrimonio con unas horquillas de bases y tipos mínimos y máximos para todo el territorio español. Renta mínima. Complemento salarial garantizado a los hogares con rentas más bajas, dependiendo de la situación laboral y los ingresos salariales. Regeneración democrática. Destitución de todos aquellos altos cargos a los que se les abra un juicio oral por delitos de corrupción o violencia. En el caso de concejales o parlamentarios se les suspenderá de sus funciones. Revisar los deberes y obligaciones de los funcionarios y cargos públicos. Los altos cargos y miembros del Gobierno deberán presentar antes de asumir el cargo un certificado de Hacienda sobre su patrimonio, su estado con la Seguridad Social y sus obligaciones fiscales. Ayuda a los autónomos. Reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) para que las cotizaciones se acerquen a la realidad de los ingresos dando cumplimiento así a un compromiso electoral de ambos partidos. Las altas y las bajas de la Seguridad Social no se realizarán el primer día de mes y el importe de la cotización social se hará únicamente por los días efectivos de trabajo del mes correspondiente. Ley electoral. Reforma del actual régimen electoral para avanzar hacia un modelo que respete la filosofía de “un ciudadano, un voto” y sea más proporcional. Reformar el sistema de votación de los españoles residentes en el extranjero para mejorar y facilitar su participación. Impulsar el voto electró- nico. Avanzar hacia las listas paritarias. Nuevo estatuto de los trabajadores. Modernizar el marco de relaciones laborales a través de un proceso de negociación entre los principales interlocutores sociales, que culmine en el plazo de un año con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere su naturaleza originaria de carta de garantía. Impuesto de sociedades. Reformar este tributo con el doble objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales y de aproximar la recaudación de este tributo en España a la media europea. Ley del Aborto. Defensa de la ley de Plazos para la interrupción voluntaria del embarazo. Posibilidad de reformar la ley del Aborto en relación a aquellas medidas que afectan a las jóvenes de 16 y 17 años. Muerte digna. Impulsar una ley que garantice los derechos de los ciudadanos a afrontar con dignidad y de acuerdo con sus decisiones el tramo final de la vida, asegurando la libertad de las personas sobre la continuación o no de los tratamientos. ‘Fracking’. Establecer una moratoria durante esta legislatura para los prospecciones con fractura hidráulica y restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos. Plan contra violencia de género. Trabajar en la prevención y sensibilización. Acompañamiento judicial personalizado. Reforma de la justicia. Impulsar un pacto de Estado con el objetivo de alcanzar las ratios medias en los estados de referencia dentro de la Unión Europea en relación con medios personales y materiales de los juzgados y tribunales. Derogación de la prisión permanente revisable y también del artículo 315.3 del Código Penal que limitaba el ejercicio del derecho de huelga. Separación de poderes. Reducir a la mitad los miembros del Consejo General del Poder Judicial y corregir sus funciones. Reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar su autonomía de los poderes políticos. Financiación pública. Nuevos créditos del ICO a pymes y autónomos para proyectos de internacionalización. Medidas que favorezcan el crowfunding. Incrementar la inversión pública en I+D+I y fomentar la colaboración tecnológica entre las universidades y las empresas. Limitación de Indultos. Prohibición de indultos a cualquier delito e corrupción, violencia de género y contra los derechos humanos. Endurecer las penas para la figura del delito fiscal. Se alargarán los periodos de prescripción. Puertas giratorias. Periodo de cinco años de incompatibilidad para los altos cargos que pretendan a empresas o fundaciones de un sector sobre el que hayan tenido responsabilidades. Pacto energético. Impulsar un pacto de Estado de la energía para fomentar políticas continuadas y a largo plazo en este sector. El objetivo es facilitar la transición energética en España.