Clamor profesional contra la red “perversa” de licitaciones
La primacía de las cuestiones económicas sobre las técnicas ha convertido la licitación de obras públicas en una subasta encubierta
Profesionales de los colegios de arquitectos, economistas, ingenieros industriales e ingenieros de caminos, canales y puertos critican la “perversidad” del sistema de adjudicación de obras públicas que el Estado ha impuesto en Catalunya, y que prioriza las cuestiones económicas sobre las técnicas. Los decanos de estas cuatro corporaciones de Catalunya denunciaron ayer esta situación en otro comunicado, tanto o más contundente que el de diciembre, cuando exigieron “que la licitación del proyecto de la Sagrera garantice la calidad de la estación y su entorno urbano”.
Las ofertas de las nueve empresas licitadoras han sido la gota que ha colmado el vaso. La propia Adif estableció un precio base de adjudicación de 3.130.00 euros. Pero todas presentaron proyectos por debajo de esa cifra (incluso un 59,1% menos). Lo hicieron así porque de lo contrario sabían que no tenían opción alguna. Las cuestiones económicas podían otorgar un máximo de 75 puntos sobre 100 y las profesionales sólo 25. Sucede lo mismo en todas las obras (aeropuertos, puertos, carreteras, instalaciones ferroviarias) del Estado en Catalunya.
Los decanos Lluís Comerón (arquitectos), Joan B. Casas (economistas), Jordi Guix (ingenieros industriales) y Oriol Altinsech (caminos, canales y puertos) lamentan que el Estado haya dilapidado sumas ingentes en “obras absurdas e inútiles, como algunas estaciones del AVE” y ahora racanee con una pieza clave de la Barcelona del futuro. Este sistema, que confunde “la mejor oferta con la más barata”, se ha convertido en habitual. Los baremos del Estado, que “transforma las lici- taciones en subastas”, contrastan con los de la Generalitat, a través de Infraestructures.cat (heredera de GISA, Gestió d’Infraestructures SA), y los del Ayuntamiento de Barcelona, a través de Bimsa (Barcelona d’Infraestructures Municipals SA). Los criterios de ambos organismos públicos oscilan entre 60 y 65 puntos para las cuestiones profesionales; y los 40 y los 35 para las económicas.
Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento descartan todas las rebajas que estén dos puntos por debajo de la media y las consideran temerarias, es decir, con reducciones de precio anormales e impracticables. El Estado, por el contrario, eleva el listón para las bajas temerarias a los diez puntos por debajo de la media. Cuando se critica esta laxitud, Fomento devuelve la pelota y replica que si los litigantes hacen rebajas es porque pueden.
Esta respuesta soslaya que un concurso público donde el valor
Los criterios estatales para descartar ofertas temerarias son más laxos que los del Govern o los del Ayuntamiento
determinante sea “la oferta más ventajosa” obliga a muchas empresas a un sobreesfuerzo, y más con la crisis actual, en la que ha bajado tanto la contratación. La Administración central licitó en el 2014 obras en Catalunya por valor de 15,7 millones de euros; y sólo 9,6 millones en el 2015.
Se sacan a concurso proyectos como si fueran productos. Si un fabricante vende una silla, un coche o un bolígrafo por debajo del precio del mercado, es su problema. Pero si la Administración contrata una obra a sabiendas de que lo hace por debajo del precio que la propia Administración había calculado, el problema es suyo y por ende de la ciudadanía.
Este es el argumento que emplean numerosos profesionales. No se trata, dicen, de barrer para casa. O de negar la importancia del precio. Pero hasta las directivas europeas recalcan la importancia de conjugar calidad y cantidad en las obras públicas. Según estas fuentes, “si el Estado calcula que algo vale tres millones debería velar porque esos tres millones se gasten de la mejor manera, y no con rebajas que a la larga puedan dar lugar a sobrecostes, retrasos y dilaciones de obras”.