Oligopolio competitivo
La CNMC considera insuficientes las redes de banda ancha en el resto del país
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprueba la definitiva regulación mayorista de banda ancha, que obliga a Telefónica a compartir el uso de su red de fibra con sus competidores excepto en 66 grandes ciudades.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó ayer la regulación mayorista de banda ancha definitiva, que obliga a Telefónica a compartir el uso de su red de fibra con sus competidores en todo el estado excepto en 66 grandes ciudades, en las que vive el 35% de la población, las únicas en las que a su juicio hay suficiente competencia de oferta de conectividad de más de 30 MB.
El regulador, que ha logrado el visto bueno de su propuesta por parte de la Comisión Europea, señaló que esta situación tendrá una vigencia inicial de tres años, tras los cuales se revisará “si las presiones competitivas se sostienen en el tiempo y en qué medida restringen la capacidad competitiva de los operadores”.
La nueva regulación de la CNMC diferencia la situación de las viejas redes de cobre, que Telefónica desplegó cuando era monopolio estatal, de las nuevas redes de fibra óptica que ha desplegado en los últimos años, cuando ya era una empresa privada, y que hasta ahora no estaban reguladas. Estas también habrá de abrirlas, pero sólo en las zonas donde no haya al menos tres operadores con redes de fibra o de cable coaxial que ofrezcan más de 30 MB de velocidad, con una cobertura mínima del 20% de alguno de ellos, y en las que la cuota de mer- cado de Telefónica no supera el 50%.
En los primeros borradores de la regulación, la CNMC consideró que esta situación solo se daba en 34 ciudades, considerando los datos de despliegue de fibra del 2014, pero en la regulación definitiva ha elevado el número de ciudades liberalizadas a 66, al tener en cuenta el despliegue de red que se ha realizado hasta junio, últimos datos que considera contrastados. En esos municipios, además, la compañía tendrá que seguir dando acceso a sus competidores a su vieja red de cobre, así como a las infraestructuras de uso civil (las canalizaciones) y al último tramo de la red de fibra óptica que transcurre por los edificios.
En el resto de los municipios del estado, donde viven el 65% de la población, la compañía presidida por César Alierta deberá ofrecer a sus competidores un acceso virtual a su red de fibra óptica a unos precios “orientados a costes” que permitan a los operadores replicar las ofertas de su rival. Esos precios, además habrán de ser autorizados por la propia CNMC, y Telefónica deberá ponerlos a disposición de los operadores en un plazo de dos meses.
Las ciudades en las que según la CNMC hay una competencia real en el mercado de banda ancha son básicamente los situados alrededor de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Cádiz, Castellón, Oviedo y Málaga, además de 17 capitales de provincia. En Catalunya, las ciudades liberalizadas son Barcelona, Badalona, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Reus, Sa- badell, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa.
Desde el punto de vista técnico, la CNMC ha considerado que la zona competitiva del estado comprende 758 centrales, lo que equivale a más de siete millones de líneas de banda ancha (el 58% del total de líneas en España). En esta zona competitiva, se eliminarán todas las obligaciones vigentes en materia de acceso indirecto en un plazo de 6 meses, es decir, los operadores alternativos tampoco tendrán ya acceso a la vieja red de cobre. En la zona menos competitiva, que componen el resto de centrales (más de 8.000), la CNMC impone a la operadora la obligación de ofrecer un acceso mayorista indirecto sobre la red de cobre y de fibra óptica, sin el límite de velocidad de 30 Mbps que le reservaba de hecho hasta ahora el monopolio.
La CNMC también obliga a Telefónica a poner a disposición de los operadores alternativos una oferta mayorista de acceso indirecto sobre fibra y cobre para el sector empresarial, en todo el territorio, porque considera que hay menos competencia de los operadores en servicios empresariales.
Telefónica ha rechazado de forma reiterada la obligación de compartir su nueva red, que ha financiado como empresa privada. En septiembre, Luis Miguel Gilpérez, presidente de Telefónica de España, afirmó que esta regulación la obligaría a recortar sus inversiones en fibra, al hacer más difícil rentabilizarla. Según la propia CNMC, Telefónica tiene 12,49 millones de líneas de fibra hasta el hogar, del total de 29,45 millones desplegadas en el estado. Vodafone, por su parte, valoró la regulación ya que “supone un equilibrio justo y razonable entre la necesidad de garantizar una competencia efectiva y sostenible y la existencia de un incentivo y de una retribución a la inversión eficiente”.
La operadora dice que forzarla a compartir su red desincentiva los nuevos despliegues Vodafone destaca que la regulación equilibra la competencia e impulsa la inversión