La Vanguardia (1ª edición)

La ANC instruye a los funcionari­os sobre cómo actuar ante la ruptura

- RAÚL MONTILLA Barcelona

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) presentó ayer un informe sobre las consecuenc­ias penales que puede tener para los funcionari­os participar en el proceso de desconexió­n. El informe concluye que es “muy difícil” que un empleado cometa un delito por participar en el proceso, pero exige al Govern y al Parlament que sus normas e instruccio­nes sean “precisas y concretas”, ya que así la actuación de los funcionari­os estará amparada por una norma.

“La Generalita­t y el Parlament no pueden pasarle la patata caliente al trabajador público”, manifestó Joan Anton Font, coordinado­r de la sectorial de Secretaris, Intervento­rs i Tresorers d’Administra­ció Local (Sital) de la ANC y autor del estudio. “Si la Generalita­t o el Parla- ment no actúan con claridad, la claridad no van a tener que ponerla los trabajador­es”, añadió.

En este sentido, el portavoz de la ANC en este acto aseguró que los trabajador­es públicos estarán exentos de responsabi­lidad si actúan siguiendo las normas dictadas por el Parlament y el Govern. “Y un juez no le va a dar una orden directamen­te a un mosso, se la va a dar a un mando, pero no a un policía que esté en la calle”, defendió Font, quien añadió que, a su juicio, también es poco probable que se pueda dar el supuesto de que el conseller de Interior dé una orden a un policía autonómico, a la vez que el ministro le dé otra. “Todo esto no quiere decir que no se puedan iniciar diligencia­s previas por un presunto delito, que podría pasar. De hecho, esto entra dentro de la estrategia del Estado. En la estrategia del miedo”, añadió.

El informe analiza delitos como prevaricac­ión, resolución arbitraria, abandono de destino, omisión del deber de perseguir delitos, desobedien­cia, rebelión, sedición o traición. “No es delito si se hace la independen­cia sin rebelión, ni sedición. Y los funcionari­os no entraremos en la rebelión y la sedición”, sentenció Font.

La entidad indica a los trabajador­es públicos que deben pedir instruccio­nes claras a sus jefes

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