Parlament y Fiscalía chocan por la comisión del proceso
La Cámara no ve objeciones y los fiscales lanzan serias advertencias
El Parlament de Catalunya y la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional (TC) sostienen tesis diametralmente opuestas sobre la legalidad de la tarea emprendida por la comisión del Proceso Constituyente, cuestionada por el Gobierno central. El TC admitió a trámite el recurso del Ejecutivo y dio un plazo para alegaciones a la Cámara catalana y a la Fiscalía. Ambas partes han enviado ya su informe, con conclusiones irreconciliables. El Parlament no ve motivos para cerrar el paso a la comisión y los fiscales creen que si esta sigue adelante se estará incurriendo en un “subterfugio” para incumplir la sentencia del TC que anuló la declaración rupturista del 9-N. Por ello solicita al Constitucional que advierta al Parlament de las “eventuales responsabilidades” en que podría incurrir.
La Fiscalía actúa por primera vez en un procedimiento de este tipo, de acuerdo con las nuevas competencias contempladas en la reforma de la ley que regula el funcionamiento del Constitucional. Estas atribuciones confieren al TC la posibilidad de aplicar medidas coercitivas para lograr que se cumplan sus resoluciones. El Constitucional puede incluso suspender a un cargo público o interesar su persecución en vía penal. El informe de la Fiscalía no alude de forma explícita a estas hipótesis, pero sí lanza claras admoniciones al Parlament para que no prosiga por el camino emprendido y aplique la sentencia que avaló las tesis del Gobierno contra el proceso rupturista.
En cambio, los servicios jurídicos del Parlament sostienen el punto de vista contrario. Según se recoge en las alegaciones, la comisión del Proceso Constituyente no está pensada para alcanzar la independencia de Catalunya, sino que sólo se trata de un espacio de debate “sin efecto externo alguno”. Además, la desvinculan de la declaración ruptu- rista del 9-N. Así lo exponen los letrados de la Cámara catalana en el escrito presentado ayer ante TC. Los juristas del Parlament reclaman que el Alto Tribunal permita la creación de esta comisión y que desestime la impugnación formulada por el Gobierno.
Los letrados razonan que la comisión del proceso constituyente no contraviene esta sentencia porque no se sabe cuál será su resultado final, si es que llega a tener alguno, puntualizan. Y en todo caso, añaden, lo que surja de esta comisión “no puede tener otro alcance que el propio ámbito parlamentario”.
Las alegaciones insisten en que el TC no puede actuar de forma preventiva, en base “a la teoría del riesgo, aprioris- mo o especulaciones”. La premisa de la que parte el abogado del Estado “es equivocada”, señalan, porque dicha comisión “no está conectada” con la declaración del 9-N. Además, los letrados vuelven a recordar, como en su día ya hizo el Govern, que la resolución rupturista es sólo un desiderátum sin efectos jurídicos. Y si la intención del Gobierno central es la de paralizar las iniciativas parlamentarias, se estaría causando una “gravísima lesión de las funciones institucionales”, insisten.
Para sustentar sus argumentos, en el texto presentado al TC el Parlament reproduce las palabras del representante del PP en la junta de portavoces del 15 de enero, donde afirma que este grupo no se opondrá a que la Cámara estudie lo que “considere conveniente”. Asimismo, introduce las palabras del portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, durante la sesión de apertura de la comisión del proceso, donde asegura que esa no será la comisión “de la independencia” ni del Estado federal. El PSC y C’s ya anunciaron que no piensan participar en dicha comisión, mientras que el PP sí lo hará, pero “para vigilar” y ejercer de oposición.
Por todo ello, los letrados del Parlament consideran que la comisión del proceso constituyente es legal. Así lo consideran también los diputados que forman parte de ella. De hecho, la impugnación que rodea esta comisión no ha paralizado su trabajo. Tras el fallecimiento de la diputada que la presidía, Muriel Casals, los grupos tienen previsto convocar la comisión el 8 de marzo para nombrar al nuevo presidente, Lluís Llach.
La Fiscalía, a su vez, considera que si esa labor continúa, se estará incumpliendo la resolución del TC que intentó paralizar el proceso soberanista. Las alegaciones de los fiscales subrayan que la comisión está dando pie a un “subterfugio” para desoír aquella sentencia precedente, y que el Parlament sabe perfectamente que no tiene competencias para poner en marcha un proceso constituyente, porque no es titular de una soberanía catalana escindible de la que ejerce el pueblo español en su conjunto.
Las alegaciones del fiscal subrayan que la mayoría parlamentaria que sustenta al Govern ha dejado muy claros sus objetivos. Y de ello cabe “deducir que la actuación y finalidad asignada a la comisión de estudios es algo más que una mera teorización sobre un proceso constituyente”. Por todo ello, la Fiscalía interesa “requerir” a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la comisión para que “se abstengan” de continuar sus actividades “con advertencia expresa” de las “eventuales responsabilidades” en que pudieran incurrir si no lo hacen.
LA TESIS DE LA FISCALÍA La comisión es un “subterfugio” para seguir con el proceso rupturista
LA POSTURA DEL PAR L AMEN T El recurso del Gobierno obedece a “apriorismos” y meras “especulaciones”