El Govern asegura que el catalán sigue siendo preferente, como marca la ley
El Ejecutivo no recurrirá la sentencia contra el protocolo de usos lingüísticos
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, señaló ayer que el Govern no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el protocolo de usos lingüísticos de la Generalitat, que obligaba a los trabajadores públicos a hablar en catalán entre ellos y a dirigirse en este idioma a los ciudadanos. Borràs se lamentó de que “últimamente hay sentencias diversas que se pueden interpretar más en clave política que estrictamente judicial”.
Borràs afirmó en declaraciones a La Xarxa que la Generalitat no presentará recurso contra la sentencia porque “no es un tema normativo, obligatorio para el trabajador”, sino que es orientativo, y aseguró que esta decisión del TSJC no ha alterado nada.
El conseller de Justícia, Carles Mundó, indicó que, aunque el fallo judicial “anula parcialmente” el protocolo, la Llei de Política Lingüística continúa “perfectamente vigente” y que “nunca ha sido impugnada”. Para el conseller, el texto anulado “no es una norma imperativa”, ya que “tiene una consideración de recomendaciones”. La ley, observó, “es el punto de referencia del que derivan las “obligaciones y los derechos”.
Por su parte, la secretaria de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, manifestó sobre la sentencia, que anula dos artículos y parte de otros dos del protocolo de usos lingüísticos, que no afectará al uso del catalán en la administración porque la normativa recogida en el Estatut d’Autonomia de Catalunya y en la ley de política lingüística se mantiene intacta. Franquesa consideró la sentencia como “preocupante por la intencionalidad” y no por su efecto real.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) se comprometió ayer a velar por que la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que pone en tela de juicio la obligatoriedad de usar catalán en la atención al público se cumpla “hasta en el último rincón” de la administración, y protegerá a los funcionarios de cualquier tipo de discriminación o presión.
En una nota de prensa, el sindicato aplaudió el fallo judicial y se comprometió a estar vigilante para garantizar su cumplimiento y evitar que ningún empleado público que prefiera usar el castellano sufra represalias por parte de la Administración catalana.