Homs declara ante el TSJC que la investigación del 9-N es política
El exconseller se enfrenta a los fiscales: “Cuanto más alta sea la pena, mayor será la victoria” El juez decide ahora si envía al Tribunal Supremo la instrucción sobre la consulta
Francesc Homs aprovechó su comparecencia por el 9-N ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para realizar un alegato político y también para apelar a la épica: aseguró que se trataba de un asunto político, acusó a la Fiscalía de seguir las directrices del Gobierno español y al juez de plegarse al ministerio público, y acabó espetando a los fiscales que “cuanto mayor sea la pena que les pidan, mayor será la victoria”. El exconseller de Presidència y actual diputado en el Congreso vinculó su inclusión en la causa con su papel como máximo responsable del grupo de Democracia i Llibertat, la marca de CDC, en Madrid.
La comparecencia de Homs era voluntaria. Al estar ahora aforado en el Tribunal Supremo, el magistrado del TSJC Joan Manel Abril le ofreció la posibilidad de informarse del estado de las diligencias, en virtud de lo que marca la ley. Él señaló que quería acudir, pero se limitó a leer unas notas que llevaba, a contestar dos o tres preguntas generales del juez y no respondió ni a los fiscales ni a las acusaciones.
El exconseller se mostró extrañado de que su nombre haya salido ahora en relación a la jornada del 9-N, porque, argumentó, su actuación fue pública. La Fiscalía solicitó al juez que se le incluyera entre los investigados a raíz de una carta remitida por la misma Generalitat al tribunal el pasado mes de enero. En ella, Homs instruía al conseller de Empresa, Felip Puig, sobre que las empresas contratadas debían continuar sus trabajos con vistas al proceso participativo a pesar del auto del Tribunal Constitucional. Ayer, ante el magistrado, señaló que, en su condición de conseller de Presidència, hizo más cosas sobre el 9-N, en especial como responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, para vigilar la legalidad de la jornada, o de la publicidad institucional, y aseguró que no se incurrió ni en desobediencia ni en malversación de caudales públicos, porque se solicitó una aclaración al TC, porque el auto era confuso, y no hubo respuesta. Ahora bien, sobre la carta no dijo nada, por cuanto se reservó el derecho a contestar sobre ello ante el Tribunal Supremo, aunque fuera del tribunal sí admitió la autoría y la situó como “el pretexto para encausarle”.
Pero la parte del león de la comparecencia fue un alegato político, porque, a su parecer, ésta es una causa política sin base jurídica. Al respecto recordó lo que dijo el día de su toma de posesión como nuevo presidente del TSJC Jesús Barrientos, que los temas políticos no se resuelvan en los tribunales, y pidió que sean los propios tribunales los que empiecen a aplicar la máxima “rechazando querellas sin fundamento jurídico alguno” .
Francesc Homs acusó a la Fiscalía de actuar bajo las órdenes del Gobierno español, e imputó al juez Abril seguidismo respecto al ministerio público, lo que motivó la respuesta de los fiscales en el sentido de que ellos defendían la legalidad. “Los fiscales se ofenden”, en palabras del exconseller. Y, como guinda, apeló a la épica para espetarles que cuanto mayor sea la pena que soliciten para los encausados, mayor será la victoria. Un alegato que, una vez finalizada la declaración en el TSJC, repitió desde la sede de CDC, en donde fue recibido con aplausos por los miembros de la dirección, con Artur Mas y Carles Puigdemont al frente.
Tras informar del desarrollo de la declaración al comité ejecutivo del partido, Homs compareció en
El diputado acusa a la Fiscalía de seguir las órdenes del Gobierno y al juez de plegarse al ministerio público
rueda de prensa, en la que reiteró su denuncia sobre la carga política de la causa por el proceso participativo del 9-N. El discurso fue prácticamente el mismo que ante el tribunal, con la diferencia de que delante de los medios de comunicación atribuyó el hecho de que ahora él también sea investigado a que se ha celebrado el 27-S y a que “soy el portavoz de un grupo en el Congreso que podría ser determinante en la configuración de un Gobierno en España que no sería el del PP”. De hecho, se declaró víctima política por el “mal perder” del PP el 9-N.
Ahora, el juez Abril debe decidir si envía la causa a Madrid y si lo hace parcial o totalmente. Por este asunto también están investigados Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Ayer también declararon tres testigos por la causa del 9-N. Se trata de responsables de empresas informáticas. Dos eran de la subcontratada por Fujitsu para instalar los ordenadores y uno los vio llegar en cajas con el logotipo de Ensenyament. Ese fin de semana estuvo de guardia y cobró 400 euros por ello. El tercero era el propietario del dominio de participación, que fue usada por la Generalitat y que no lo hospedó en la web.