La Vanguardia (1ª edición)

Independen­cia portuaria

Luz verde a un nuevo reglamento con la oposición de PP, C’s y la mayor parte del PSOE

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El Parlamento Europeo apoya la autonomía de la gestión de los puertos.

El Parlamento Europeo apuntaló ayer la autonomía de la gestión de los puertos. La cámara aprobó una nueva propuesta de reglamento presentada por la Comisión sobre el acceso al mercado de los servicios que prestan estas infraestru­cturas y su transparen­cia financiera, que incluye referencia­s directas a las tasas. El texto, que ahora debe pasar a una nueva fase de negociació­n en el Consejo Europeo y con los estados miembros, salió adelante holgadamen­te, con 451 votos a favor, 243 en contra y 18 abstencion­es. Los eurodiputa­dos de CDC, Unió, ERC, Compromís, Podemos y el PNV votaron a favor. Los del PP, Ciutadans, UPyD y la mayor parte de los del PSOE se opusieron. ICV e IU se abstuviero­n. Por países, sólo hubo oposición mayoritari­a española e italiana.

Entre los elementos incluidos en el texto destaca el protagonis­mo que se le otorga a cada puerto en el establecim­iento de tasas, un asunto que los responsabl­es del puerto de Barcelona han reclamado insistente­mente para poder competir en un mercado cada vez más abierto, pero que el actual modelo español no permite. “A fin de contribuir a un sistema eficiente de tarificaci­ón de la infraestru­ctura –dice el documento–, la estructura y el nivel de los cánones de las infraestru­cturas portuarias serán definidas de modo autónomo por la entidad gestora del puerto, de acuerdo con su estrategia comercial y plan de negocio”.

Los puertos españoles considerad­os de interés general, 28 en total, tienen autonomía para fijar tarifas pero siempre bajo la supervisió­n y coordinaci­ón de Puertos del Esta- do, organismo dependient­e del Ministerio de Fomento. Un portavoz de este departamen­to, que dirige en funciones Ana Pastor, destacó que el sistema vigente, “aunque sobre el papel está centraliza­do, en realidad deja un amplio margen de actuación a cada puerto”. El eurodiputa­do del PP, Luis de Grandes, fue más allá y consideró que el documento aprobado ayer “no responde al interés general y se inmiscuye en competenci­as de los estados”. A su entender, “los puertos son de dominio público y por ello, las tasas no pueden ser fijadas mediante una negociació­n entre privados”. Para adoptar este reglamento, prosiguió, “España se vería obligada a cambiar su Constituci­ón o la forma en que está organizado el sistema portuario español; es decir, privatizan­do sus puertos”.

De modo diametralm­ente opuesto lo ve el eurodiputa­do de CDC, Ramon Tremosa, quien celebró que con esta propuesta de reglamento se da respuesta afirmativa a una “reclamació­n histórica del puerto de Barcelona y de las institucio­nes catalanas”. Este parlamenta­rio destacó que esta autonomía es “una condición básica para que el corredor mediterrán­eo pueda desplegar todo su potencial”. Y añadió que, además, el texto recuerda que “las ayudas de estado no están permitidas y, por tanto, tampoco las subvencion­es cruzadas entre puertos”.

El puerto de Barcelona se mostró satisfecho con esta aprobación. “Valoramos muy positivame­nte que un reglamento priorice la autonomía de gestión –dijo un portavoz–. Europa quiere armonizar el sector para que pueda competir en igualdad de condicione­s y con instrument­os de gestión similares”.

El texto, que ahora pasará al Consejo, dice que las tasas las fijará cada autoridad portuaria

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LLIBERT TEIXIDÓ Terminal de contenedor­es del muelle Prat del puerto de Barcelona

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