El debate de la pobreza
El Parlament celebra hoy un pleno monográfico sobre el empobrecimiento en Catalunya, el segundo en dos años
El Parlament celebra un pleno sobre la desigualdad.
Catalunya vive en un estado de emergencia social. Ya no lo dicen sólo las oenegés, que vienen advirtiendo desde el 2008 del aumento imparable de la desigualdad. Todos los partidos políticos han asumido finalmente el diagnóstico y lo han incorporado a su discurso. Esta situación se debatirá entre hoy y mañana en el Parlament en un pleno específico a petición del PSC y Catalunya Sí que es Pot, el segundo que se celebra en dos años.
Al contrario de lo que ocurrió en el pleno de la pobreza del 2014, ningún diputado se atreve ahora a cuestionar los efectos de la crisis y de los recortes sobre las personas, al menos en público. La vicepresidenta del Govern Neus Munté se refirió ayer a la “emergencia” que sufren los ciudadanos de Catalunya cuando explicó la posición del Govern ante esta sesión. El mismo término que utilizan los grupos de la oposición para reprochar la “inacción” de un ejecutivo que “sólo piensa en la independencia”.
La oposición reclama al Govern medidas activas para atajarla. Pero sólo se podrá luchar a fondo contra la pobreza si Catalunya es independiente, repiten desde Junts pel Sí.
La población que vive en el umbral de la pobreza se sitúa en el 20,9% en Catalunya, una cifra que apenas ha variado en estos años. La depresión y los recortes han afectado no sólo a las capas más desfavorecidas de la sociedad, sino que se ha extendido al conjunto de los estratos sociales, dejando a salvo a una minoría. Los partidos políticos han tomado nota de esta generalización de la precariedad y han convertido la pobreza en un argumento y en ocasiones un arma política, destaca el sociólogo especializado en exclusión social Pau Marí-Klose. Por así decirlo, “pobreza” es hoy una palabra común en boca de los políticos, tanto como antes de la crisis lo era la palabra crecimiento.
“Nunca había estado tan presente en la agenda pública, pero no sé si es porque realmente preocupa”, coincide Sebastián Sarasa, sociólogo de la UPF. Catalunya, como el resto del Estado, partía de una situación de pobreza grave ya antes de la crisis, centrada sobre todo en las franjas de mayor edad. A partir del 2008, con el aumento del paro y los recortes sociales, la pobreza extrema crece y se extiende a las clases medias, especialmente a las familias con hijos.
Ahora, coinciden Marí-Klose y Sarasa, nadie puede negar la mayor: la pobreza extrema se ha doblado desde el inicio de la crisis y ya afecta al 11,7% de los catalanes, 510.237 personas están en paro y 101.000 familias malviven sin ningún ingreso. Con todos los efectos que tiene esto sobre las generaciones futuras –mayor riesgo de ex- clusión o de sufrir enfermedades mentales–. “Lo peor es que no vemos visos de recuperación, hace dos años que la economía va mejor, pero la pobreza se ha cronificado, el crecimiento macroeconómico no se ha traducido en una mejora de las condiciones de vida porque faltan políticas sociales y redistributivas”, insiste Salvador Busquets, director de Cáritas.
De ahí que las oenegés insten a los grupos parlamentarios a acordar medidas de forma urgente, tanto coyunturales como de fondo. Lo piden, eso sí, con escepticismo. El resultado del pleno de la pobreza de hace dos años ha dejado mal sabor de boca entre las entidades, y las conversaciones previas con los partidos no auguran que se vayan a consensuar iniciativas de calado. “La verdad es que esperamos pocas medidas de este pleno, hemos hablado con todos los grupos y todos nos dicen que sí, que tenemos razón, que van a hacer todo lo posible, pero no tenemos garantías de que se aprueben medidas eficaces”, precisa Oriol Illa, presidente de la Taula del Tercer Sector, la plataforma que agrupa a más de 3.000 entidades sociales.
Junts pel Sí ya ha anunciado que sólo asumirá las propuestas que están incluidas en el “plan de choque social” pactado con la CUP, cifrado en 270 millones de euros y que contempla la reforma de la renta mínima de inserción o mitigar algo las listas de espera en sanidad. Este plan de choque está supeditado además a que los anticapitalistas apoyen los presupuestos del 2016. Por su parte, la CUP ha definido el pleno como un “ejercicio de cinismo”, porque la raíz del problema está, dicen, en el sistema capitalista que ellos quieren derrocar.
Los cuperos tampoco han pactado las ocho propuestas de resolución que les ha ofrecido Catalunya Sí que es Pot. Los únicos que parecen haber llegado a cierto acuerdo son la confluencia de izquierdas y el PSC. Las votaciones de la propuestas se llevarán a cabo el jueves por la tarde.
“En Catalunya hay miles de per-
Las oenegés temen que las discrepancias entre partidos impidan tomar las medidas necesarias
sonas que lo están pasando verdaderamente mal; creo que la ciudadanía no entendería que no se llegase a un consenso en algunos temas cruciales”, insiste Enric Morist, presidente de Creu Roja. “Yo pido a los partidos que hagan un paréntesis, que pacten iniciativas para luchar contra la pobreza y luego que sigan con sus cosas”, añade.
El pleno del 2014 ha tenido unos resultados “muy escasos”, según Illa, aunque el Govern aseguró ayer que ya ha aplicado el 86% de las medidas acordadas –todas se pactaron entre CiU y ERC–. Las oenegés discrepan y destacan tres prioridades que se deberían abordar ya: reformar y ampliar la renta mínima, paralizar los desahucios y políticas de apoyo a la infancia. “Entendemos las dificultades económicas, pero hay margen para actuar”, defiende Morist. Luego vendrían las medidas de estructurales: fiscalidad progresiva, renta mínima garantizada o igualdad educativa.