El TC devuelve las políticas sociales a los municipios

Primer fallo contra la reforma local del gobierno del PP

El Tribunal Constitucional (TC) ha dictado una sentencia que avala las competencias de los municipios en materia de políticas sociales y sanitarias. La resolución se produce a resultas del recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura y es la primera que se dicta de los innumerables recursos interpuestos contra esta ley.

La impugnación abordaba numerosos puntos de la ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, un proyecto estrella del gobierno del PP que pretendía limitar las competencias de los municipios y regular sus relaciones con el resto de administraciones.

Es cierto que parte de esta primera sentencia se decanta en favor del Estado, por ejemplo, en lo relativo a la posibilidad legal de que desde la administración central se intervenga para “diseñar el modelo municipal español”, estableciendo “mayores exigencias de población y territorio”, por ejemplo. Igualmente, reconoce la competencia estatal par facilitar las fusiones voluntarias de municipios. Y todo ello con el objetivo de cumplir los principios de “eficacia de la actuación administrativa, eficiencia en el uso de los recursos públicos y estabilidad presupuestaria”.

Sin embargo, desde la óptica de los recurrentes el punto más relevante es el que permite a los ayuntamientos proseguir con sus políticas sociales. Lo destacó claramente ayer el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. La resolución del TC –dijo– “avala una parte muy importante de lo que nosotros reclamamos en nuestro propio recurso”. La FEMP canalizó en su día la impugnación promovida por 3.000 ayuntamientos, en paralelo a la que presentó la Junta extremeña –ahora objeto de sentencia– y los ejecutivos de varias comunidades autónomas, entre ellos el de la Generalitat de Catalunya. El fallo –del que ha sido ponente el magistrado Andrés Ollero– es el primero de la serie. Y su doctrina anticipa todas las demás resoluciones. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que no todos los recursos cuestionaron los mismos preceptos. Sí hubo concentración de impugnaciones en torno la cuestión de los servicios sociales y de todo tipo que prestan los municipios. De ahí la importancia del precedente de esta primera resolución del Constitucional. “Los ayuntamientos –dijo a este respecto Abel Caballero– tenemos y queremos seguir prestando políticas sociales y educativas”.

El Constitucional anula, por otra parte, el artículo de la ley que permitía al Estado aplicar retenciones a las comunidades autónomas cuando estas incumplen sus obligaciones de pago frente a los entes locales. El precepto legal impugnado preveía que las retenciones se podrían efectuar con cargo a las transferencias que les correspondan por aplicación del sistema de financiación autonómica.

La regulación impugnada funciona como una “cláusula de garantía” que, por un lado, autorizaba al Estado a aplicar deducciones y, por otro, “a poner las cantidades retenidas a disposición del ente local acreedor”.

El Tribunal, no obstante, mantiene la política de reducción del número de ayuntamientos