El herbicida que divide a Europa
Varios países bloquean la nueva licencia para comercializar el glifosato, probable cancerígeno en humanos
La férrea oposición de varios estados de la UE forzó ayer el aplazamiento de la votación en Bruselas que debía renovar la autorización para comercializar el glifosato, el principio activo del herbicida más usado en el mundo. La Comisión Europea había tratado de obtener el visto bueno de los representantes nacionales pese a las evidencias científicas que se acumulan contra el glifosato. La polémica se ha agudizado porque este producto fue clasificado el pasado mes de marzo “como probablemente cancerígeno para los seres humanos”, según determinó la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La división en la UE es enorme, y ayer se incrementó cuando Italia se unió a Francia, Suecia y los Países Bajos en el bando de los estados que rechazan dar la nueva licencia (por 15 años) para el polémico glifosato. Entre los expertos nacionales, los del Reino Unido apostaron por dar su aprobación mientras que Alemania se abstuvo, vistos los desacuerdos entre sus ministerios de medio ambiente y agricultura. El debate tuvo lugar en el seno en el comité permanente de plantas, animales, alimentos y piensos, en el que están representados los 28 países. La Comisión puede presentar una nueva propuesta dentro de varias semanas.
La Agencia Europea de Sustancias Químicas tiene previsto investigar también los efectos del glifosato en la salud humana, aunque este proceso solo concluirá a finales de 2017. Por eso, Greenpeace pidió que la decisión se pos- ponga hasta después de conocerse la nueva evaluación. “Conceder una nueva autorización, sin esperar a la evaluación de la Agencia Europea de Sustancias Químicas, sería como tirarse en paracaídas sin antes revisar el equipo”, dice Franziska Achterberg, portavoz de Greenpeace, que pidió, ante el conflicto suscitado, que se aplique un principio de precaución.
El asunto sigue generando muchas discrepancias, ya que, aunque la IARC clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) concluyó hace unos meses que no hay evidencias científicas que demuestren el vínculo entre glifosato y cáncer. Un grupo de 96 científicos independientes criticaron luego el informe de la AESA mientras que Greenpeace entregó más de 90.000 firmas a la ministra Isabel García Tejerina para que España se opusiera a la nueva licencia. Monsanto, por su parte, la compañía de semillas que comercializa el herbicida con la marca Roundup, replicó que “todos los usos del glifosato son seguros para la salud humana”.
El uso del glifosato se ha disparado con el desarrollo de cultivos modificados genéticamente, sobre todo en Sudamérica. Es eficaz para matar las malas hierbas, pero no ataca a la planta modificada (diseñada para ser tolerante al producto). La polémica estalló por su empleo masivo en monocultivos de soja transgénica en Brasil, Argentina o Paraguay, donde ha sido relacionado con intoxicaciones y malformaciones congénitas en poblaciones campesinas tras masivas fumigaciones. Si fracasa la renovación, no sólo peligra la venta del herbicida, sino también de las semillas transgénicas tolerantes a este producto. El herbicida también está siendo empleado en los jardines públicos en Europa. Algunos ayuntamientos han empezado a dejar de usarlo.