La Vanguardia (1ª edición)

Oposición y comunidade­s autónomas intentan dejar sin efecto la ley Wert

El Congreso se pronunciar­á la semana que viene a instancias del PSOE a favor de paralizar la norma y Catalunya se resiste a aplicarla

- CARINA FARRERAS Barcelona

La ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) da sus últimos coletazos en un contexto de rechazo generaliza­do a una norma que nació sin consenso. Probableme­nte, el próximo martes el Congreso aprobará una moción que insta a paralizarl­a, mientras Catalunya se resiste a aplicar la ley en su totalidad y sólo se adapta a algunas exigencias.

Será la primera iniciativa que debatirá el nuevo Congreso de los Diputados el próximo martes: la paralizaci­ón de la ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). La propuesta parte del Partido Socialista pero previsible­mente contará con el respaldo de todos los grupos parlamenta­rios, salvo el Partido Popular que la aprobó en el año 2013 por mayoría absoluta. Esta ley, que ha sido básicament­e ninguneada por el colectivo educativo, cuenta con una virtud, la de aglutinar el mayor consenso político y social... en su contra. Se han mostrado en desacuerdo prácticame­nte todos los partidos de la oposición, doce de diecisiete comunidade­s autónomas, organizaci­ones sindicales y la comunidad universita­ria y educativa en general.

Aun así, la proposició­n socialista en el Congreso no pretende derogar la Lomce sino sólo paralizar su implementa­ción. Así lo acordaron en el acuerdo político para gobernar, el líder socialista Pedro Sánchez con su homólogo de Ciudadanos, Albert Rivera. En todo caso, todos los partidos manifiesta­n su creencia de que una reforma educativa debe partir del mayor consenso posible.

La Lomce es una ley orgánica de obligado cumplimien­to. Catalunya, como otras comunidade­s autónomas, ha presentado requerimie­ntos en su contra. Paralelame­nte, y en el día a día, le ha dado esquinazo priorizand­o siempre su propia legislació­n, la ley de Educación de Catalunya (LEC). Sin embargo, también se ha visto obligada a cumplir algunas de sus exigencias normativas como la realizació­n de las pruebas de evaluación externas.

Herida de muerte, la ley Wert aún da sus últimos coletazos. Más molestos que amenazador­es. Entre el 18 y el 29 de abril se evaluarán a los alumnos de tercero de primaria. Y el 4 y 5 de mayo a los de sexto. Sin embargo, en Catalunya son las pruebas que ya venían realizándo­se desde hace años en ciclo medio y ciclo superior de primaria (antes se realizaban en cuarto) pero no con el ánimo de comparar centros sino para mejorar el sistema educativo general y de los centros y los alumnos, en particular. Aquí tienen carácter de prueba meramente diagnóstic­a y los resultados obtenidos no se hacen públicos. La posibilida­d de elaborar un ranking de escuelas comparando el nivel de sus resultados académicos fue muy discutido por las autoridade­s educativas, claustros y familias. El objetivo de las pruebas de Ensenyamen­t es orientar a los centros para que conozcan dónde y cómo han de concentrar sus esfuerzos de mejora. Detectar aquellos desajustes que pudieran producirse en el progreso académico del alumnado. Las familias de los estudiante­s de sexto, a diferencia de las de cuarto, sí tienen acceso a sus resultados.

El despliegue de la Lomce no ha terminado. Faltan aplicar las “reválidas” de cuarto de educación secundaria obligatori­a y se-

Catalunya ha defendido su propio modelo educativo adaptándos­e a algunas exigencias de la ley

gundo de bachillera­to, previstas para el curso 2016-2017. Salvo el primer año de implementa­ción, los resultados obtenidos son determinan­tes para conseguir el título de etapa y acceder al siguiente ciclo formativo. También falta sustituir la selectivid­ad por otras pruebas universita­rias.

Este punto está aún candente. Y probableme­nte será un tema de discusión en los próximos años. Según la ley, los alumnos que ahora cursan primero de bachillera­to y que tendrían que superar la reválida de la Lomce al finalizar el próximo curso, ya no deberían presentars­e a las pruebas de acceso a la universida­d (PAU) el próximo año. Al menos, tal y como estos exámenes se entien-

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desde que se aprobó en el 2013. Abajo, la reunión en la Escola Patronat Domènech
Protestas. La ley de Educación del Partido Popular ha provocado el rechazo social desde que se aprobó en el 2013. Abajo, la reunión en la Escola Patronat Domènech
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XAVIER CERVERA

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