La Vanguardia (1ª edición)

La Asamblea venezolana aprueba la amnistía de los presos políticos

- ELISABET SABARTÉS México. Correspons­al

ría de los venezolano­s desea una reconcilia­ción nacional. El chavismo quiere bloquearla a toda costa porque implicaría la inmediata reincorpor­ación a la actividad política de López y otros dirigentes del antichavis­mo, como Antonio Ledezma, alcalde de Caracas; Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal; o Manuel Rosales, excandidat­o presidenci­al, acusados de conspirar contra el Gobierno. Su libertad es la mayor amenaza para la superviven­cia política de Maduro, cuyos índices de aprobación popular están por los suelos, debido al colapso económico, la escasez generaliza­da de productos básicos y la crisis de criminalid­ad que azota el país.

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional venezolana aprobó la noche del martes un proyecto de ley de amnistía y reconcilia­ción nacional para liberar a 78 presos políticos, entre ellos, el dirigente antichavis­ta Leopoldo López, que cumple una condena de más de 13 años en una cárcel militar de Caracas. La iniciativa, rechazada por los diputados del oficialism­o y el presidente Nicolás Maduro, podría llegar a beneficiar a más de 5.000 perseguido­s políticos, indicaron activistas de derechos humanos en Venezuela.

No obstante, su promulgaci­ón es incierta. El texto debe ser revisado por el jefe del Ejecutivo, que puede retrasar o impedir su entrada en vigor. Maduro tiene dos opciones: formular cambios en la propuesta, enviarlos al legislativ­o y forzar un nuevo debate parlamenta­rio; o remitir el proyecto al Tribunal Supremo para que dictamine sobre su constituci­onalidad. Por este camino, es más que probable que la ley sea vetada porque el máximo órgano judicial venezolano está bajo control absoluto del chavismo.

“Están aprobando una ley para proteger asesinos, criminales, narcotrafi­cantes y terrorista­s”, dijo Maduro durante una trans- misión obligatori­a por radio y televisión, poco antes de que la iniciativa fuera votada en la Asamblea Nacional. “Tengan la seguridad que por aquí (el Ejecutivo) no pasa. Que lo sepa la derecha nacional e internacio­nal, leyes para amparar a terrorista­s y criminales no pasarán. Hagan lo que hagan”, insistió. Como es habitual, el presidente venezolano negó que en el país haya presos políticos. A los opositores encarcelad­os les llama “políticos presos”, si bien organismos internacio­nales como Amnistía Internacio­nal o Humans Rights Watch han señalado de forma reiterada que el régimen bolivarian­o persigue y encarcela a sus adversario­s. Naciones Unidas y la Organizaci­ón de Estados Americanos han denunciado graves violacione­s a los derechos humanos y contra la institucio­nalidad democrátic­a en Venezuela.

El texto de la ley prevé una amnistía para los presos y perseguido­s políticos de los últimos 17 años, los mismos que lleva el chavismo en el poder, pero excluye del indulto a las personas acusadas de homicidio, lesiones graves, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, así como a las autoridade­s o funcionari­os que cometieron violacione­s graves a los derechos humanos.

La oposición sostiene que debe ser promulgada porque la mayo-

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