El embrollo de la Lomce
LA ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), también conocida como ley Wert, en atención al exministro de Educación, Cultura y Deporte que fue su gran paladín, empezó con mal pie y sigue cojeando. El próximo martes, el pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar una proposición de ley del PSOE, que tiene por objeto parar su aplicación. Y, dentro de unas semanas, siguiendo el trámite usual, está previsto que en Catalunya se efectúen las pruebas de tercero y sexto de primaria de acuerdo con la Lomce, si bien la Generalitat ha reiterado que no lo piensa hacer. Dicho en otras palabras, la que fue una de las principales iniciativas legales del Partido Popular en la pasada legislatura se halla contra las cuerdas, en una fase en la que el Gobierno del PP sigue en funciones, muy debilitado.
Wert dejó el ministerio en junio del año pasado y se fue a París, como embajador de España ante la OCDE. Pero la Lomce sigue entre nosotros, renqueante. Esta fue su condición desde primera hora. Desde que se anunció su primer borrador en el 2012 suscitó todo tipo de reacciones contrarias, ya fuera entre el personal docente, entre asociaciones de padres o entre diversos sectores sociales. Y se dio también un rechazo en varias comunidades autónomas con idiomas cooficiales, que en el articulado de la Lomce perdían su condición de lenguas troncales y se veían reducidas a asignaturas de especialización optativas.
Por si esta contestación pareciera menor, recordaremos que tanto el PSOE como Podemos llevaban en sus programas ante las elecciones generales del pasado diciembre la propuesta de derogación de esta norma educativa, y que Ciudadanos, por su parte, ha defendi- do la necesidad de que la principal norma educativa española sea fruto del consenso entre las grandes formaciones políticas.
La situación en que se encuentra ahora la Lomce y –lo que es peor– la situación en que se hallan muchos escolares afectados por ella es lamentable. La norma, parcialmente aplicada, y su incierto futuro tienen en vilo a alumnos, padres y profesores. Sus perspectivas de una aplicación total son ahora menores que nunca. Vista la actual coyuntura, difícilmente volverá el PP a estar en una posición adecuada para defender la Lomce como lo hizo, en solitario, tiempo atrás.
Las lecciones que se extraen de este caso son muy claras para todo aquel que quiera verlas. Son una prueba renovada, como decíamos, de que lo que mal empieza mal acaba. Los años de bipartidismo y mayorías sólidas hicieron creer a los dos grandes partidos que la carta magna de la educación en España podía ser un texto de parte, en sintonía con la ideología de sus impulsores, ajeno al imprescindible acuerdo en una materia básica como es la educación. Luego llegaba el momento de la alternancia y los castillos legales se venían abajo, bajo el vendaval del nuevo gobierno de turno.
España necesita estabilidad. La necesita en el gobierno. Y la necesita en su repertorio legal, particularmente en leyes tan decisivas como la que rige la educación. En el momento presente, eso parece más difícil que de costumbre. Pero las situaciones excepcionales requieren soluciones excepcionales e imaginativas, basadas en el diálogo y el consenso que tanto parece costar a los partidos. Eso es exactamente lo que esperan ahora los ciudadanos de sus representantes políticos. Y eso es lo que estos les deben.