El voto del Congreso pone en vilo a Brasil y acerca el fin de Rousseff
Las manifestaciones se extienden por todo el país y aumenta la tensión política
“Tchau querida”. Era uno de los carteles más levantados ayer por los diputados opositores en la tempestuosa sesión del Congreso brasileño que, al cierre de esta edición, continuaba votando si se abría o no el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Con dos tercios de la cámara baja (342 de 513 diputados el juicio político sería aprobado y sólo faltaría la ratificación del Senado, en el plazo de diez días, para apartar del cargo a Rousseff durante seis meses, tiempo durante el cual sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer mientras la cámara alta efectúa el juicio.
Antes de la votación, que tenía previsto concluir la pasada madrugada (hora española), los líderes de los 25 partidos del Congreso tomaron la palabra para defender o atacar a Rousseff, pero los votos de cada grupo no iban a ser necesariamente homogéneos. Aunque las negociaciones con los diputados continuaron hasta el último minuto los recuentos realizados por los medios de comunicaban adelantaban la derrota de la presidenta.
Justo antes de votar, a viva voz y uno por uno, los diputados opositores cantaron el himno nacional levantando banderas brasileñas y carteles de “Impeachment ya”, que se sumaban al “tchau querida”, que hacía referencia a la conversación telefónica interceptada entre Lula y Rousseff después de que la presidenta anunciara el frustrado nombramiento de su predecesor como primer ministro. Los diputados no se limitaron a decir sí, no o abstención, sino que casi todos expresaban un breve alegato.
Mientras tanto, en las calles de las principales ciudades de Brasil, miles de manifestantes salían a la calle a favor o en contra del Gobierno. También frente al Parlamento de Brasilia unos 15.000 detractores y partidarios de Rousseff se concentraron, divididos por una valla para evitar los enfrentamientos.
Tras las elecciones del 2014, el país quedó dividido y, aunque Rousseff logró su segundo mandato –que inició formalmente el 1 de enero del 2015–, quedaba claro que la oposición no pensaba rebajar la presión y que el escándalo de corrupción en Petrobras, destapado poco antes de los comicios, era una bomba de relojería contra el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), en el poder desde la primera presidencia de Lula del 2003.
Durante la campaña, varios medios opositores trataron de implicar –con pruebas muy débiles–a Lula y Rousseff como ideólogos de la trama de corrupción de la petrolera estatal, lo que afectó a la imagen del PT, aunque el partido retuvo el poder gracias al voto fiel de las clases más humildes, especialmente del postergado nordeste, grandes beneficiadas de las políticas redistributivas iniciadas por Lula.
No obstante, hoy las encuestas indican que el Gobierno tiene una aprobación que no supera el 13% y que el 61% de los brasileños está a favor del impeachment. El caso Petrobras se fue agrandando gracias al implacable juez Sérgio Moro, que con las detenciones de políticos y empresarios –luego convertidos en delatores– ha instalado la sospecha de corrupción no sólo sobre el Go- bierno, sino sobre todo los políticos.
La paradoja es que Rousseff no está formalmente contra las cuerdas por corrupción, a diferencia de Lula, contra quien ya pesan indicios que llevaron a su detención durante tres horas para obligarlo a declarar el pasado 4 de marzo. La acusación contra la mandataria se basa en los denominados “pedaleos fiscales”, una práctica irregular prohibida por la ley de Responsabilidad Fiscal, pero que ha sido habitualmente usada por todos los gobernantes brasileños.
Dicha práctica consiste en utilizar avances de dinero de bancos públicos para cubrir programas sociales, maquillando el resultado presupuestario. El Tribunal de Cuentas rechazó el balance de los números públicos del 2014, último año del primer mandato de Rousseff, lo que motivó esta denuncia puntual, entre cuyos firmantes figura un jurista que fue fundador del PT.
No obstante, la que se votó ayer fue sólo una de las cincuenta peticiones de impeachment registradas contra la presidenta en esta legislatura. Aunque 39 solicitudes fueron rechazadas, otras diez siguen pendientes de su admisión a trámite, y una ya llegó a su fase final, que fue la que se sometió a votación ayer.
Precisamente quien tiene la potestad de admitir a trámite las denuncias es el controvertido presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, procesado por corrupción y lavado de dinero, al que se le descubrió una cuenta en Suiza. A pesar de ello, Cunha presidió la histórica y tumultuosa sesión de ayer. Por su parte, Rousseff había iniciado la jornada del domingo demostrando calma y paseando en bicicleta por Brasilia durante quince minutos.
DOS TERCIOS Con 342 de los 513 diputados, Rousseff perdería y quedaría en manos del Senado A VIVA VOZ Los legisladores votaron a viva voz y haciendo un breve y apasionado alegato