Puigdemont se muestra escéptico ante su cita con Rajoy
El president avisa a la CUP que no hay plan de gobierno si no apoya el presupuesto
Carles Puigdemont presentó ayer su plan de gobierno, con más de 700 medidas y 45 leyes, pero pendiente del voto de la CUP a los presupuestos. El president acude hoy a la Moncloa con su plan independentista.
Justo a los cien días de su elección como presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont tiene hoy cita con Mariano Rajoy en la Moncloa. Una reunión a la que asistirá después de haber presentado ayer el plan de gobierno para la legislatura –con el que aspira a revertir los recortes y a situar a Catalunya a las puertas del Estado propio– y en la que tiene intención de plantear sin reservas las demandas del proceso soberanista, con la esperanza, al menos, de que “por parte del presidente del Gobierno español en funciones haya comprensión de lo que es la demanda de Catalunya”.
El Govern, de hecho, no espera, más allá de la recuperación de la relación institucional, ningún resultado concreto del encuentro con el líder del PP. Por esta razón el presidente de la Generalitat no piensa, en aras de un hipotético acuerdo que no se producirá, dejar ningún asunto relevante en el tintero, sino que los pondrá todos sobre la mesa –la relación Catalunya-España (el proceso soberanista), la garantía de los derechos básicos (desde los refugiados a la pobreza energética pasando por el techo de déficit), los incumplimientos del Estado (la recentralización) y la judicialización de la relación política (las querellas por el 9-N y los recursos al Tribunal Constitucional)– y que quede claro, si acaso, que es Mariano Rajoy que los rechaza.
Carles Puigdemont afronta la reunión, pues, desde su condición de “optimista por naturaleza”, pero que “se puede combinar con un proverbial escepticismo”, de manera que “no quiero pensar que las demandas catalanas saldrán de vacío”, máximo cuando recordó que no provienen ni de un solo partido ni de una institución en particular, sino que son fruto de un “movimiento ciudadano muy amplio y transversal”. Después de entrevistarse con el máximo dirigente del PP, el presidente de la Generalitat se habrá visto con todos los líderes de los partidos españoles y de momento no tiene previsto pedir ninguna reunión con el rey Felipe VI, porque entiende que la situación de interinidad de la política española no lo aconseja, pero precisó que “si se tiene que producir, no tendría ningún problema en hacerlo”.
Las demandas que pondrá sobre la mesa de Mariano Rajoy son, en todo caso, a las que el Govern se propone dar respuesta a través del plan de gobierno para la presente legislatura que aprobó en su reunión de ayer, a partir de la premisa que defiende Carles Puigdemont de que el proyecto nacional y el proyecto social son indisociables y de que la prioridad del proceso soberanista es precisamente garantizar el estado del bienestar. En su primera comparecencia en rueda de prensa ante los medios de comunicación, el presidente de la Generalitat situó un plan de gobierno que propone 45 nuevas leyes y 750 medidas concretas de actuación en tres ámbitos –estado del bienestar, recuperación económica y regeneración democrática– en el actual contexto de “mejora de la situación económica, pero que no llega todavía a la gente”, y en el que “las finanzas de la Generalitat están seriamente amenazadas” y advirtió a los que pudieran tener intención de recurrirlo que “se equivocarán mucho”, en referencia a la insistencia con que el Gobierno español lleva las leyes y normas catalanas al Tribunal Constitucional.
“Es un plan de gobierno ambicioso que prioriza el contenido social en paralelo a la construcción de las estructuras de Estado” –que no tienen un capítulo propio, sino que figuran en los ámbitos de actuación correspondientes–, explicó Carles Puigdemont, que subrayó que “si alguien pretende castigar a la Generalitat por motivos ideológicos recurriendo leyes que blindan los derechos sociales, que sepa que se equivocará, y mucho, porque a quien perjudicará en realidad será a la gente”. El ejemplo más claro es el de los recursos del Gobierno del PP contra las medidas para combatir la pobreza energética, con las que el Govern reafirma su pleno compromiso justamente a través del plan de gobierno. “Nadie que tenga derecho se quedará sin luz, agua, gas y casa por culpa del Tribunal Constitucional”, garantizó el presidente de la Generalitat, que enfatizó que
“para hablar del proceso no se tiene que ir siempre con la estelada”, porque “hay momentos para la fressa (ruido) y momentos para la endreça (orden), y a este Govern le toca la
endreça”.
El principal hándicap para la aplicación del plan de gobierno podría ser, de todos modos, la imposibilidad de aprobar el presupuesto de la Generalitat del 2016. Una eventualidad que Carles Puigdemont no prevé, porque confía en las conversaciones que están en marcha entre Junts pel Sí y la CUP y que reiteró han de permitir presentar las cuentas al Parlament en mayo y aprobarlas el mes de julio. “Creo que tendremos presupuesto, porque el interés de las dos partes es trabajar para que lo haya”, señaló el presidente de la Generalitat, que recordó que desde el Govern “no pedimos un cheque en blanco” a la CUP, pero que le advirtió que si no se aprueban los presupuestos del 2016 y continúa la prórroga de los del 2015 será imposible sacar adelante el plan de gobierno. Venía a ser la advertencia de que sin el apoyo de la CUP al presupuesto no habrá plan soberanista que valga, porque en esta ocasión ni tan siquiera planteó la alternativa de recurrir a otros grupos, como Catalunya Sí que es Pot o el PSC. “El vehículo es muy bonito, potente y ambicioso, pero la gasolina se llama presupuestos, y que el programa de gobierno funcione en turbo o en ralentí depende de los presupuestos”, alertó.
Pero tan importante como viajar en turbo es hacerlo con seguridad, y por este motivo Carles Puigdemont reiteró que no descarta la posibilidad de alargar el plazo de dieciocho meses de la legislatura para poder completar la totalidad del plan de gobierno, aunque precisó que sería sólo una prórroga técnica de pocos meses. “No vamos a ser esclavos del calendario ni a trabajar dentro de una armadura”, zanjó, reafirmando, en cualquier caso, que será una legislatura “corta y excepcional”.