Los temas del día
El plan de gobierno presentado por el president Puigdemont; y la revisión de las perspectivas económicas del ministro en funciones Guindos.
EL presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentó ayer el plan de gobierno que piensa aplicar su Ejecutivo durante la presente y corta legislatura de 18 meses, tres de los cuales ya se han consumido hoy en día. El plan gubernamental contiene 45 propuestas de leyes y 750 medidas concretas, a partir de tres ejes principales: un país más justo, un país con más y mejor empleo y un país con buenas prácticas y regeneración democrática. El objetivo principal es, según Puigdemont, “revertir los recortes y llevar a Catalunya a las puertas del Estado propio”. El presidente de la Generalitat, que hoy miércoles se reunirá en la Moncloa con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, hizo varias referencias a los incumplimientos del Ejecutivo popular con respecto a Catalunya. Durante los próximos meses, los departamentos del Govern tienen la intención de ir desarrollando las medidas ahora divulgadas.
La solemnidad con que Puigdemont revistió ayer su compromiso con el despliegue de políticas concretas para este periodo no puede tapar que este es un plan de buenas intenciones más que cualquier otra cosa, debido a dos factores harto conocidos: la precaria mayoría parlamentaria de Junts pel Sí –en manos de los diputados de la CUP– y la complicada situación financiera de la Generalitat. Así las cosas, el president vinculó la ejecución de las propuestas incluidas en el plan dado a conocer a la aprobación de los nuevos presupuestos y, por otro lado, a la mejora de la financiación autonómica, asunto que se tratará en el encuentro oficial que hoy mantendrán Rajoy y Puigdemont. Los cuperos no han escondido nunca sus severas reticencias a dar el visto bueno a los presupuestos de la supuesta desconexión.
En un momento en que el independentismo catalán se debate entre llamamientos a la unidad política y la voluntad de ampliar la base social favorable a la secesión, el sucesor de Mas –que llegó al cargo de manera inesperada y en tiempo de descuento– hizo equilibrios ayer entre la contundencia que exigen los sectores más motivados del soberanismo y la prudencia que reclama un contexto muy abierto, con una probable repetición de las generales. La larga lista de medidas sin cuantificar que articula este plan gubernamental transmite un voluntarismo loable pero cercano a lo que podríamos llamar brindis al sol.
La prioridad social que impregna todos los mensajes del Govern es digna de aplauso, pero no puede sustraerse de un tono de sobreactuación que, a modo de antídoto habitual, pone de manifiesto el riesgo de estancamiento de un proceso que se vendió como algo realizable en poco tiempo. Puigdemont insistió ayer en los dieciocho meses y únicamente dejó abierta la puerta a una pequeña prórroga técnica, pero descartó una relectura de los plazos pactados por Junts pel Sí y la CUP. Parece, pues, que la hoja de ruta soberanista permanece inalterable a pesar de las variaciones en el paisaje. Una hoja de ruta cuya culminación no explican del mismo modo los partidos independentistas y la Assemblea Nacional Catalana, algo que propicia la confusión y crea incertidumbre.
Por vez primera el independentismo cuenta con el Govern de la Generalitat para demostrar su capacidad más allá del activismo y la calle. El president Puigdemont apareció ayer para corregir la sensación de parálisis de un Gabinete pensado para el choque frontal con Madrid más que para la gestión afinada del día a día. Pero pasar de las buenas intenciones a los hechos exigirá algo más que una lista de prioridades.