El Govern espera un gesto de Rajoy: que no suspenda la ley de emergencia social
El president planteó al jefe del Ejecutivo su petición en la reunión de la Moncloa
Tras la conversación del miércoles en la Moncloa, el president Puigdemont espera una primera señal de concordia del Ejecutivo de Mariano Rajoy: que el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de emergencia social aprobada por el Parlament no tenga efectos suspensivos inmediatos como ha ocurrido con la mayor parte de los recursos interpuestos hasta ahora por el ejecutivo central.
El president trasladó a Rajoy esta petición en la reunión y el jefe del Ejecutivo en funciones pareció mostrarse proclive, aunque no llegó a comprometerse según relatan fuentes conocedoras de esta conversación. En los próximos consejos de ministros el Govern podrá comprobar si la petición no cayó en saco roto y el esperado gesto de concordia se hace efectivo.
El Gobierno central ya llevó al Constitucional –esta vez sí, con efectos suspensivos– la primera ley del Govern contra la pobreza energética promovida por le propio ejecutivo catalán.
La que ahora baraja llevar ante el alto tribunal fue aprobada en los últimos días de la anterior legislatura y era fruto de una iniciativa legislativa popular impulsada por el Observatori DESC –en el que empezó su carrera Ada Colau– y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Se trata de una ley mucho más amplia que la primera y afecta no sólo al problema de la pobreza energética sino que también propone soluciones para la crisis de los desahucios. Aunque algunos expertos en ambas materias criticaron severamente el texto, excesivamente politizado y poco práctico en algunas de las soluciones propuestas, es hoy por hoy el principal instrumento jurídico con el que cuenta el Govern para poder combatir los efectos de la crisis sobre las familias, en especial aquellas para las que el desempleo se ha convertido en un asunto crónico. En Catalunya hay más de 300.000 personas que viven sin ningún tipo de subsidio.
La importancia de esta ley va incluso más allá de lo que pueda resolver materialmente para las familias afectadas. Se ha convertido en un símbolo también más allá del Ebro dado que es, por ahora, la única iniciativa legislativa popular aprobada en un parlamento en España para combatir las dos consecuencias sociales más importantes de la crisis.
De hecho esta semana, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca convocó manifestaciones ante todas las sedes del Partido Popular en las principales ciudades españolas para exigir que no se suspenda la ley aprobada por el Parlament de Catalunya. La que se desarrolló ante la sede central del PP en la calle Génova fue una de las más numerosas.
En paralelo –tal y como informaba ayer La Vanguardia– todos los grupos parlamentarios con la salvedad del grupo popular expresaron el miércoles en el Congreso su apoyo a la ley del Parlamento catalán. Entre los grupos que firmaron el documento en el que se pide al Gobierno que no impida el desarrollo
Santamaría y Junqueras acordarán el lunes la primera reunión entre ambos vicepresidentes
de esta ley estaban PSOE y Ciudadanos.
Así que el Govern cuenta en esta ocasión con unos aliados tan vez inesperados para defender la legitimidad del Parlament para abordar las soluciones al problema de la pobreza energética. Queda por ver si en el Ejecutivo central será sensible a estas demandas, ni que sea porque la proximidad de las elecciones así lo recomienda.
No obstante el Govern se guarda en la recámara otras alternativas administrativas para que, en el caso de que el Gobierno central pida la suspensión cuando recurra la ley, pueda aplicar al menos parte de las medidas incluidas en esta ley.
Dicho esto, uno de los acuerdos de la reunión fue que los vicepresidentes de ambos gobiernos se verían en breve. Y parece que así será. Fuentes de la Moncloa aseguran que el lunes podría concertarse una reunión programada, a más tardar, en el curso de la próxima semana.