Manuel García Sordo
VIUDO DE ENFERMA DE HEPATITIS
El retraso en la administración del fármaco figura como base de la denuncia interpuesta por el viudo de Marisol Sánchez, fallecida por hepatitis C, contra dos altos cargos de la Xunta de Galicia, investigados por prevaricación.
Alos 72 años Marisol Sánchez falleció de hepatitis C el 10 de febrero del 2015 sin que le hiciera efecto el tratamiento con Sofosbuvir que le empezaron a administrar unas semanas antes, aunque su médico se lo había prescrito en junio del 2014. Esta mujer de A Coruña aparece identificada como la “paciente número tres” en la denuncia de la fiscalía contra dos altos cargos de la Xunta de Galicia, que declararán el próximo jueves en un juzgado de Santiago investigados por un presunto delito de prevaricación, pues el ministerio público considera que el retraso en la administración de los fármacos obedeció “a razones de tipo presupuestario del Sergas (Servicio Gallego de Salud), y no de contenido médico o clínico”.
Ese punto de vista es idéntico al que tiene el viudo de Marisol Sánchez, Manuel García Sordo, quien explica que no es capaz de dejar de pensar que “mi mujer podría estar viva”, pues había un medicamento para curarla.
“Se trata de un procedimiento penal sin precedentes en el que se va a dirimir si las motivaciones de contención del gasto llevaron a la muerte de los pacientes”, apunta Quique Costas, portavoz de la Plataforma Gallega de Afectados por la Hepatitis C. Costas espera que la instrucción incluya el delito de homicidio por imprudencia grave profesional que la fiscalía también atribuye a los dos investigados, Félix Rubial, que era director general de asistencia sani- taria, y a Carolina González-Criado, subdirectora de Farmacia. Rubial, que ahora dirige el hospital de Vigo, asegura que actuó según criterios médicos, posición que cuenta con el aval del presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, quien considera que “por dos o tres casos” no se puede vincular las muertes con la austeridad.
En cambio, Manuel García Sordo está convencido que sin los recortes para cumplir con los criterios del déficit público, su mujer no habría muerto, pues cuando le prescribieron el tratamiento, que costaba 50.000 euros y no se podía conseguir a través de la medi- cina privada, ella “estaba muy bien, estaba fuerte”. “Los médicos dicen que si se lo hubiesen dado a tiempo, posiblemente se hubiera salvado, tampoco lo garantizaron, pero sí que hubiese sido efectivo”, afirma.
Su mujer padecía la hepatitis C desde 1997. En varias ocasiones tuvieron que suspender el trata-
La fiscalía acusa a la Xunta de retrasar la administración de las medicinas por razones presupuestarias
miento que le daban porque le producía anemia. Manuel García rememora la “esperanza muy grande” que les generó leer en el periódico que había un fármaco nuevo, pues se anunciaba que era efectivo “prácticamente al 100% y de hecho está curando a la gente”. Después su mujer superó las pruebas de compatibilidad para poder recibirlo, pero en los siete meses que lo estuvo esperando su salud se deterioró y ya no le llegó a tiempo. García Sordo pretende personarse como acusación particular en la causa de Santiago, con el objetivo de que “se haga justicia y no vuelva a suceder”,