Inoperancia legislativa
La Cámara sólo espera a que discurra el plazo que tiene el Ejecutivo para alegar
El próximo martes, el presidente del Congreso tiene previsto reunir a la Mesa para organizar el cierre de la legislatura más corta de la historia.
El próximo martes, tras culminar con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez la última ronda de contactos anunciada, el Rey constatará que ningún aspirante tiene el respaldo parlamentario necesario para ser investido nuevo presidente del Gobierno. Y, al día siguiente, después de que Felipe VI le haya comunicado que así es, Patxi López tiene previsto reunir a la Mesa del Congreso para organizar el cierre de la legislatura más corta de la democracia española una vez que, el 2 de mayo, queden disueltas las Cortes y se convoquen unas nuevas elecciones para el próximo 26 de junio.
En ese momento de la disolución del Parlamento, decaerán todas las iniciativas tramitadas en el Congreso en estos apenas tres meses de legislatura. O casi todas. Porque una, al menos, seguirá su camino.
Se trata de la propuesta de plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto de atribuciones entre el Congreso y el Gobierno central, debido a la negativa del Ejecutivo en funciones de Rajoy de someterse al control parlamentario. A iniciativa del Partido Socialista, la propuesta fue registrada en el Congreso el pasado 23 de marzo con las firmas de los portavoces del PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democràcia i Llibertat, Compromís, PNV, Izquierda Unida y Coalición Canaria. Es decir, todos los grupos de la oposición frente al Partido Popular, que fue el único que defendió la tesis del Ejecutivo de que “la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control, en la medida en que no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados”.
Con esta mayoría aplastante de la oposición, en todo caso, la iniciativa fue aprobada en el pleno celebrado el pasado 6 de abril: 218 votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones de los 335 diputados que votaron en aquella sesión. Una de las pruebas más palpables de “lo que pudo haber sido y no fue” esta legislatura, según el PSOE, si Pedro Sánchez hubiera logrado formar el “gobierno del cambio” con el que soñó con desalojar a Rajoy de la Moncloa.
Pero tras su aprobación, el conflicto de atribuciones no se presentó inmediatamente ante el Tribunal Constitucional porque el Gobierno disponía de un mes para presentar sus alegaciones al respecto.
El Ejecutivo en funciones aún no lo ha hecho, y fuentes parlamentarias piensan que ya ni siquiera responderá. Pero transcurrido ese plazo de un mes, Patxi López está dispuesto a llevar esta pugna del Congreso con el Gobierno en fun- ciones ante el Tribunal Constitucional, aunque para entonces las Cortes ya estén disueltas, según confirman a La Vanguardia fuentes de la presidencia de la Cámara Baja.
En el grupo parlamentario del PP consideraban que “el conflicto está aprobado, pero no ejecutado”, y esgrimían la tesis de que “en cuanto se disuelvan las Cortes, decaerán todas las iniciativas en curso”. “Esa iniciativa tiene sentido mientras el Congreso esté abierto –sostenían fuentes del PP–. Cuando se cierre, ya ni el PSOE tendrá interés en seguir adelante con el asunto”. Es decir, que este conflicto sólo habría sido una escena más del “espectáculo teatral”, según lo calificó en aquella sesión el popular José Antonio Bermúdez de Castro, del “conflicto institucional” con el que la oposición en el Congreso quiso encubrir su fracaso en la formación de un nuevo Gobierno.
Patxi López argumenta, por el contrario, que al plantear este conflicto ante el Tribunal Constitucional, la pugna quedará resuelta para el caso de que en la próxima legislatura, tras las elecciones del 26 de ju-
Patxi López quiere que el TC dirima este conflicto institucional con vistas a la próxima legislatura
nio, se repita el mismo equilibrio de fuerzas de estos tres meses. El Alto Tribunal deberá aclarar, así, si un Gobierno aún estando en funciones debe estar sometido al control parlamentario ordinario o no.
Y, aunque el Congreso se disuelva el próximo 2 de mayo, ya está constituida la diputación permanente que se quedará a los mandos hasta que se constituyan unas nuevas Cortes. En este órgano se reproducen las mismas mayorías del pleno aún vigente. Es decir, que el PP (con 21 diputados) está en minoría frente al PSOE (14), Podemos (11), Ciudadanos (7), ERC (2), DL (2), Grupo Mixto (2) y PNV (1). Así pues, transcurrido el mes de plazo en espera de la respuesta del Gobierno, los letrados de la Cámara elaborarán el escrito que se presentará ante el Tribunal Constitucional, con la firma de Patxi López. Y el Alto Tribunal resolverá la pugna.