Realismo mágico con las autonomías
El culebrón del déficit público español sigue su mágico curso. El Gobierno de Mariano Rajoy, atrapado entre los compromisos pactados-impuestos en Bruselas y la realidad sociopolítica del país, se enfrenta a la posibilidad de que Europa le imponga una sanción, o le aperciba, en plena campaña electoral si, como parece previsible, se celebran nuevos comicios en junio.
Antes, el principal capítulo de la serie está centrado en las comunidades autónomas, convertidas por el Gobierno y la Comisión Europea en el chivo expiatorio de una política que no ha dado resultados en ningún rincón de la eurozona.
El próximo jueves volverá a reunirse el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que preside Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y en el que participan los consejeros de Economía de todas las comunidades autónomas. En la reunión anterior, celebrada hace casi dos semanas, Montoro soltó a los incrédulos consejeros una regañina pública para consumo de la burocracia de Bruselas que compensó más privadamente con el adelanto de que un nuevo escenario presupuestario supondría una menor presión para las autonomías. En efecto, tres día después, Luis de Guindos, el ministro de Economía en funciones, anunció en el Parlamento que el déficit del Estado este año será muy superior al previsto y, como consecuencia, Montoro elevará cuatro décimas, hasta el 0,7% el techo de déficit de las administraciones autonómicas.
Un alivio, sin duda, para los responsables de la cuentas autonómicas, en primer lugar para el vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras. Cura que se suma a un aumento de los traspasos a cuenta de Estado, un moderado aumento de la recaudación fiscal, al continuado descenso de los tipos de interés de la deuda y la cobertura de los vencimientos de deuda por la vía del estatal Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Un conjunto de medidas que han dado pie a que un sector de la opinión pública española denuncie que los incumplidores o simplemente malos, con Catalunya a la cabeza, resul- tan mejor tratados que los que si han cumplido.
El peculiar sistema de financiación autonómica español ha permitido que sólo tres comunidades que, juntas, representan poco más del 16% de la economía española, menos que Catalunya o Madrid por separado, hayan alcanzado los objetivos de déficit en el 2015. Y los tres casos son ciertamente peculiares. El País Vasco tiene su propia sistema independiente, el concierto, que le permite recaudar directamente sus impuestos y realizar una aportación al Estado en función de su peso teórico en la economía española, en la actualidad el 6,2%. Las otras dos son Canarias, una comunidad con perennes problemas económicos y asimismo con un modelo específico que se basa sobre la insularidad y una excepcionalidad fiscal que no admite comparación con ningún otro territorio del resto del Estado. Finalmente, queda Galicia es la tercera alumna aventajada de la competición autonómica, una economía muy desigual con un elevado peso de un sector agrícola de baja competitividad y que sigue teniendo la emigración como uno de sus rasgos estructurales.
¿Han de ser estos tres casos la base para construir el diálogo sobre las necesidades de los territorios con más peso y más dinamismo de la economía del Estado? Eso por no mencionar las comunidades autónomas que pese a ser receptoras netas de los flujos monetarios del sistema de financiación no han alcanzado los objetivos fijados por Montoro.
No se puede pensar que algo tan básico y elemental no esté al alcance de los responsables del Gobierno español o de la siempre tan bien documentada buro-
El Estado español no estaba en condiciones de cumplir los objetivos fijados ni los nuevos de esta semana
cracia de Bruselas.
Dejando en suspenso la interpretación sobre las motivaciones políticas de la definición de los objetivos y las políticas presupuestarias, no puede caber la menor duda de que todos los agentes implicados en la discusión sobre el déficit español y el de las comunidades autónomas saben que su discusión es de ciencia ficción. El Estado español no estaba en condiciones de cumplir los objetivos fijados anteriormente ni los nuevos que esta semana ha avanzado de Guin- dos. De la misma manera, tampoco las comunidades autónomas podían cumplir el anterior 0,3%, ni podrán quedarse en el nuevo 0,7% que les ha autorizado Montoro.
Pues pese a ese relajamiento de la presión, que Bruselas debe aún autorizar de forma oficial, las señales de inquietud sobre la desaceleración económica ya se han encendido en los ministerios. Indicadores adelantados, en primer lugar, pero también datos reales sobre recaudación fiscal. La mejora de los registros públicos con la que se cerró el pasado año no es la de la actualidad, señalan fuentes oficiales.
Paradójicamente, Bruselas, el comisario Pierre Moscovici es estos días el portavoz más conspicuo, enfatizan el discurso del déficit y la intención justamente cuando Mario Draghi, el presidente del BCE, advierte cada vez que tiene ocasión de que los Gobiernos deben echar el resto con una generosa política de inversiones en infraestructuras e investigación.
En verdad el jefe del banco central se dirige especialmente a los gobiernos que tienen más margen fiscal, en primer lugar Alemania, pero a buen seguro no le parecerá muy conveniente que vista la exasperante negativa de la canciller Angela Merkel y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, el resto de los Gobiernos estén atrapados en la espiral del ajuste contractivo.
Si, finalmente, en España se celebran elecciones en junio será muy interesante ver cómo los candidatos encajan las exigencias de Bruselas con el enfriamiento económico y la petición del voto. A buen seguro, la campaña ofrecerá un hilarante ejercicio de realismo mágico aplicado al campo de la política y la economía. El principal reto para el debate político en Europa, y por lo tanto al sur de los Pirineos, es conciliar la defensa de la integración continental con la sombría perspectiva económica que ese proceso supone para la mayoría de los ciudadanos. Sobre ese dilema irresuelto cabalga el creciente escepticismo, cuando no la revuelta, de la ciudadanía europea. Y hacerle frente con referencias hueras a un modelo europeo que se niega a si mismo a cada crisis no servirá de nada.