El lado oscuro de la ONU
Las oenegés denuncian la impunidad de los cascos azules de la ONU acusados de abusos sexuales
Las denuncias por violación contra los cascos azules se acumulan sin causar mella sobre las fuerzas armadas de la ONU, que además de contar con inmunidad diplomática no tienen reparos en recurrir a acciones de dudosa legalidad para ocultar sus delitos.
Tenía sólo dieciocho años. Estaba sola, sin familia, en la devastada República Centroafricana. En un último intento para conseguir comida o dinero, se dirigió a la base de la misión de la ONU cercana al aeropuerto de Bambari, en el centro del país. Acabó siendo violada por tres cascos azules, repudiada por su comunidad y acusada de haber intentado casarse con uno de los miembros de las Fuerzas de Paz.
“No quería tener relaciones sexuales con ellos, pero cuando fui a visitar su base me llevaron hacia la maleza. Había tres de ellos, estaban armados. Dijeron que si me resistía me matarían. Me tomaron uno a uno”, describió a Human Rights Watch.
Según los últimos datos hechos públicos la semana pasada, sólo en la República Centroafricana se han registrado 108 imputaciones de abuso y explotación sexual a mujeres y niñas desde el 2013. Algunos relatos de las acusaciones son devastadores: unos soldados franceses habrían atado y desvestido a cuatro menores para forzarlas a tener relaciones con un perro. A cambio, las niñas habrían recibido unos nueve dólares por cabeza.
“Es el cáncer en nuestro sistema”, afirmaba el secretario general de la ONU, Ban Ki Mun. Ante el alud de denuncias por abusos sexuales del personal en el terreno, la organización ha comenzado a hacer un esfuerzo para ser más transparente y desde principios de año hace públicos los casos a medida que aparecen. En un informe relativo al 2015, publicado en febrero, identificó por primera vez los países de los que provienen los agresores.
“Es una manera de señalar públicamente”, explica a este diario Paula Donovan, cofundadora de Aids Free World y directora de la campaña Code Blue, lanzada el año pasado para que los implicados rindan cuentas ante la justicia. Los expertos dicen que la erradicación de los abusos sexuales pasa por más transparencia y medidas preventivas, como cursos de formación o la investigación previa del historial penal del personal, pero sobre todo por el fin de la inmunidad diplomática de las 31.000 personas que trabajan en las operaciones de paz, desde personal civil de la ONU a agentes policiales y observadores militares.
Los más de 91.000 cascos azules, a pesar de no disfrutar de la misma inmunidad que otros empleados de la ONU, no pueden ser juzgados por las autoridades locales, sino sólo en su país de procedencia. Las investigaciones por crímenes sexuales se acaban convirtiendo en un larguísimo proceso burocrático que hace que las causas judiciales no suelan prosperar. “Lleva mucho tiempo, y a veces pagan a testigos para que digan lo contrario una vez llega el investigador al terreno”, lamenta Donovan. Conoce esta realidad de primera mano: hasta el 2006 era enviada especial de la ONU en África.
Los cascos azules de la República Democrática del Congo, Marruecos, Sudáfrica y Camerún
Sólo en la República Centroafricana se han registrado 108 casos de explotación de mujeres y niñas desde el 2013
lideran la vergonzosa clasificación en el 2015. En total, 21 países estuvieron implicados en escándalos sexuales del personal de paz de la ONU el año pasado.
¿Pero, si se acabase la inmunidad, los países dejarían de enviar tropas? Probablemente no, sostiene Donovan. “Lo cierto es que hay muchos países implicados con grandes ejércitos y cuyo presupuesto militar necesita los fondos de las misiones de paz. No hay manera de que los saquen”.
Las cifras, sin embargo, siguen bailando. Por un lado, la ONU informa del número de imputaciones, pero no del total de acusaciones (en la terminología de la organización, cada imputación puede englobar varias denuncias de diferentes personas). Por otro, oenegés y periodistas sobre el terreno advierten que se denuncian una pequeña parte de las agresiones. “Tienen miedo porque no hay mucha distancia entre quienes reciben las denuncias y los agresores”, indica Hillary Margolis, especialista en derechos de las mujeres de Human Rights Watch que viajó a la República Centroafricana para elaborar un informe sobre los abusos. Además, el estigma, el rechazo y la vergüenza que rodean los crímenes sexuales en algunas culturas africanas provocan que a veces las mujeres agredidas sean abandonadas por su pareja o familia. “Tanto las madres como sus hijos corren el riesgo de no ser aceptados por la comunidad”, asegura Margolis.
Mientras tanto, a los bebés nacidos de los abusos sexuales les llaman peacekeeper babies. Los últimos en llegar a los titulares han sido los hijos de las once mujeres embarazadas en la República Democrática de Congo, seis de las cuales menores de edad, que claman que fueron violadas por soldados tanzanos y piden una prueba de paternidad.
Dicen que esta crisis será una de las mochilas más pesadas que deberá heredar el sustituto o sustituta de Ban al frente de las Naciones Unidas.