El comercio y la quiebra
Las filtraciones sobre el tratado de libre circulación de mercancías que negocian Estados Unidos y la Unión Europea; y la sentencia que absuelve a la cúpula de Spanair.
LA Audiencia de Barcelona ha dado carpetazo al último capítulo de una historia repleta de despropósitos como fue en su día el intento de reflotar Spanair. Como no podía ser de otra manera, la justicia ha absuelto a la cúpula directiva por haber retrasado unos meses la presentación del concurso de acreedores de dicha compañía aérea al considerar que en tal decisión no hubo atisbo de dolo ni de culpa, sino un intento de asegurar su viabilidad.
Con su decisión, la Audiencia de Barcelona ha revocado la sentencia del juzgado mercantil número 10 de la capital catalana, que en septiembre del 2014 declaró culpable el concurso de acreedores de Spanair, presentado a principios del 2012. Como consecuencia de ello condenó a su consejo de administración a pagar 10,8 millones de euros para restituir el perjuicio que se habría causado a los acreedores por el retraso de varios meses en la presentación de dicho concurso, al tiempo que inhabilitó a los doce consejeros durante dos años para ejercer como administradores sociales.
Como ya dijimos en su momento –y luego se confirmó–, la decisión de comprar una compañía aérea en plena crisis como era Spanair, aunque fuera sólo por un euro y libre de deudas, era comprar un problema. Y máxime si además, con esa compañía aérea se tenía que impulsar el tráfico intercontinental de un aeropuerto tan importante como el de Barcelona. En este sentido, y visto con perspectiva, la operación de compra de Spanair en el 2009, liderada por un consorcio público y privado de instituciones y empresas catalanas, fue un acto de excesivo voluntarismo político y empresarial, al igual que lo fue su gestión, que estuvo en manos de accionistas y de directivos que no tenían experiencia en el negocio del transporte aéreo. Ese mismo voluntarismo fue el que llevó, tres años más tarde, a retrasar el concurso de acreedores cuando la quiebra era ya una evidente realidad, con la esperanza de lograr que un inversor internacional (Qatar Airways) salvara la compañía en el último minuto, lo que no sucedió. Spanair cesó su actividad en enero del 2012, y dejó en tierra a 23.000 pasajeros, a su plantilla en el paro y unas deudas de 471 millones de euros, de los que 247 millones fueron ayudas públicas
La justicia ahora ha dictaminado la ausencia de delitos e irregularidades en la gestión de Spanair, de la misma manera que en su día la comisión de investigación del Parlament de Catalunya, creada al efecto, concluyó que no hubo tampoco responsabilidades políticas. Corresponde, pues, pasar página a una aventura empresarial público-privada desastrosa.