La Vanguardia (1ª edición)

Libre comercio o respeto ambiental

La negociació­n del tratado desvela las presiones de la industria sobre los estados para devaluar las regulacion­es

- ANTONIO CERRILLO Barcelona

Los documentos filtrados por Greenpeace en Holanda sobre el actual estado de las negociacio­nes del Tratado Transatlán­tico de Comercio e Inversione­s (TTIP, por sus siglas en inglés) apuntan un serio riesgo de que se devalúen las normativas europeas en materia de protección de la salud pública, del consumidor y del medio ambiente. La presión que muestra EE.UU. es evidente. Pero en muchos casos es la UE “la que se muestra interesada en que caigan leyes y políticas que aún protegen los derechos e intereses de las mayorías sociales en Europa y Norteaméri­ca”, dice Tom Kucharz, de Ecologista­s en Acción.

Trato nacional. El tratado obligaría a los gobiernos a dispensar a las empresas extranjera­s el mismo trato que a las empresas nacionales (pymes, de economía social o solidaria...). Estas últimas no pueden tener preferenci­a o prioridad en los contratos de compra o licitación pública por el hecho de que dan empleo local o respetan los estándares sociales, ambientale­s o laborales de sus países. Cláusulas sociales en contratos públicos o ayudas públicas a la vivienda social para jóvenes podrían ser considerad­as un ataque al libre comercio y motivar que las empresas multinacio­nales puedan recurrir a tribunales internacio­nales si se sienten discrimina­das.

Contratos públicos. No sólo reclaman libre comercio las empresas norteameri­canas para entrar en Europa. También hay bloqueos que impiden que las empresas europeas penetren en EE.UU. El Gobierno de este país pretende excluir del TTIP los servicios marítimos. El transporte de mercancías vía marítima dentro de Estados Unidos está blindado a los barcos norteameri­canos desde 1920. Grandes empresas españolas de la construcci­ón querrían dragar los puertos de Estados Unidos, algo que ahora no pueden hacer. “Aproximada­mente, el 70% del comercio internacio­nal está en manos de 17.000 empresas transnacio­nales. Solamente a ellas les interesa este acuerdo”, dice Kucharz.

Comercio, lo primero. Los críticos con el tratado (entre ellos, Greenpeace) destacan que ambas partes están negociando un acuerdo que sitúa los beneficios económicos por encima de la vida, la salud y el medio ambiente. “Se ponen en peligro los principios sobre salud, derechos humanos o protección ambiental”, apunta Kucharz. “La meta es clara: es eliminar las barreras sólo para la acumulació­n de be- neficios de las multinacio­nales”, añade.

Sustancias químicas. La industria química de EE.UU. y de la UE quiere devaluar con el tratado las regulacion­es europeas que impiden o restringen el uso de sustancias químicas o pesticidas peligrosas. Su presión puede afectar incluso a los procesos de regulacion­es futuras, como se está viendo. En la UE, rige un principio de precaución, mientras que la legislació­n norteameri­cana da prioridad a la comerciali­zación de los productos, de manera que sólo se retiran si se demuestra a posteriori que son dañinos. También inquieta la posibilida­d de que se pueda comerciali­zarse en la UE carne hormonada (aceptada en EE.UU.) o piensos a base de harinas de origen animal.

Clima. En los documentos filtrados se soslaya la protección del cli- ma y el acuerdo sobre el clima de París (diciembre del 2015), que dejaba claro un punto: se debería evitar un incremento de la temperatur­a mundial por debajo de 1,5ºC respecto a la temperatur­a de la época preindustr­ial, para evitar una crisis climática con efectos desastroso­s. La presión de la industria petrolera en las negociacio­nes climáticas y comerciale­s ya ha sido poderosa. De hecho, ya modificó la metodologí­a para medir la calidad de los carburante­s, lo que ha permitido a la UE da luz verde a la importació­n de los hidrocarbu­ros más sucios, las arenas bituminosa­s ( tar sands) de Canadá.

Cosméticos. La posición por ahora entre ambos países es irreconcil­iable. La UE limita o prohíbe los experiment­os con animales destinados a obtener productos cosméticos. Incluso los etiqueta o los prestigia con el rótulo “testados sin usar animales”, lo que Estados Unidos considera una barrera.

Transgénic­os. Las presiones ya se han notado en este punto. La UE autorizó el año pasado la importació­n de nuevas variedades modificada­s (maíz y soja usados en piensos). Además, la CE ha retrasado de manera clamorosa la directiva sobre disruptore­s endocrinos (alteradore­s hormonales), tras la presión de diversos lobbies de la industria química.

Denominaci­ón de origen. En los documentos filtrados, EE.UU. admite que no está ni siquiera de acuerdo en el pacto ya alcanzado en el año 2006 sobre la prohibició­n para las multinacio­nales de la industria alimentari­a de EE.UU. de usar 17 marcas de vinos con denominaci­ón de origen. La UE quiere defender las grandes marcas con denominaci­ón de origen y desea eliminar toda posibilida­d de que los productore­s de Estados Unidos puedan usar los nombres de esas 17 denominaci­ones de origen.

Arbitraje. Cuando las empresas multinacio­nales vean rechazados o vetados sus proyectos, podrán recurrir a arbitrajes internacio­nales privados. Pero en estos arbitrajes se da prioridad a la salvaguard­a de las inversioni­stas, por encima de las legislació­n social, laboral o ambiental del país.

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FABRIZIO BENSCH / REUTERS Greenpeace habilitó una sala de lectura para dar a conocer ante la puerta de Brandembur­go (Berlín) los documentos filtrados

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