Bruselas descarta que España alcance sus nuevos objetivos de déficit
La Comisión Europea calcula que el desequilibrio de las cuentas públicas se mantendrá por encima del 3% hasta el año 2018
La Comisión Europea descarta que el Gobierno español pueda alcanzar los nuevos objetivos de déficit que este se fijó tanto para este año como para el próximo. En lugar del 2,9% para el 2017 calculado por Madrid, Bruselas anticipa un 3,1%, lo que significa que hasta el 2018 el déficit no bajará del 3%. En junio, la Comisión decidirá si sanciona a España.
Las cuentas públicas españolas tardarán dos años más de lo previsto en recuperar el equilibrio y situarse por debajo del 3% que exige el pacto de estabilidad de la zona euro. Es la conclusión a la que ha llegado la Comisión Europea (CE) en sus previsiones económicas de primavera, publicadas ayer. El documento es clave para determinar cómo actuar ante el incumplimiento de las metas fiscales por parte de España, que cerró el 2015 con un déficit del 5,1% en lugar del 4,1% pactado, lo que hace imposible volver al equilibrio presupuestario este año como se pactó.
La amplitud del desvío fiscal detectado –dos años, pues el objetivo no se alcanzará hasta el 2018, en lugar del 2016– refuerza los argumentos de Bruselas para estrenar su potestad de imponer multas a los países que no tomen medidas efectivas para reducir el déficit. Así, mientras el programa de estabilidad remitido la semana pasada a Bruselas por el Ministerio de Economía sostiene que el déficit será del 2,9% en el 2017, los técnicos comunitarios consideran que seguirá en el 3,1% y creen que no será hasta el 2018 cuando se alcance la meta prevista. Los cálculos europeos incluyen ya la reducción del gasto anunciada por el Gobierno en funciones, que sumando los niveles nacional y regional se eleva a unos 3.000 millones. Hay otro indicador clave aunque más difuso para medir la desviación fiscal, el déficit estructural, que según los cálculos de Bruselas incluso ha empeorado su situación en el último año. Luis de Guindos, ministro en funciones de Economía, aseguró ayer en Madrid que España “no tendrá ninguna dificultad” para cumplir su meta fiscal en el 2017 y no precisará más tiempo.
Las diferencias entre Bruselas y Madrid se deben en parte a la menor previsión de crecimiento que hace la Comisión: un aumento del PIB del 2,6% para este año y del 2,5% el próximo, es decir, una décima menos de lo que vaticina el Gobierno. Bruselas cree que pesan los riesgos a la baja tanto por la necesidad de tomar medidas de ajuste como por “la incertidumbre por la formación de un nuevo gobierno”.
La celebración de elecciones pudo ser la causa del aumento del gasto público en la segunda mitad del 2015 y la fuerte desviación fiscal con que se cerró el ejercicio, apuntan fuentes comunitarias. El informe reconoce que la desviación fiscal no se debió a la rebaja del IRPF aprobada por el gobierno pese al disgus- to de Bruselas, ya que esa merma de ingresos se vio compensada por la demanda interna y la recaudación del impuesto de sociedades. El documento apunta como causa al “aumento del gasto público en la segunda mitad del año con subidas notables del gasto por personal y las inversiones públicas”.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, que el año pasado mantuvo un agrio enfrentamiento con el Gobierno y el Partido Popular por cuestionar sus presupuestos, evitó ayer adelantar qué decisiones tomará para responder a esta situación pero se reafirmó en la validez de sus cálculos. “Sólo puedo decir que la Comisión Europea suele acertar en sus previsiones para España”, apuntó Moscovici con una sonrisa, afeando implícitamente los presuntos errores de cálculo del Gobierno. “Hay decisiones que habrá que tomar” pero “cuando llegue el día”, zanjó.
La Comisión decidirá en las próxima semanas si concede un año o dos de extensión a España para reducir el déficit. Había una preferencia por limitarla a un año pero la posibilidad de que no haya un gobierno hasta pasado el verano pesa a favor de una prórroga más amplia. La concesión llevaría aparejado un mayor control sobre las cuentas (Bruselas y el Eurogrupo podrían exigir medidas de ajuste muy concretas) y, posiblemente, por primera vez en la historia, una multa por incumplir los objetivos. Aunque puede llegar a los 2.000 millones, no se descarta que sea una sanción simbólica, de cero euros. Se rebajaría así la carga para el erario público español pero no el golpe a la imagen del país. La Comisión dictaminará el 18 de junio que España no ha tomado medidas efectivas para corregir el déficit. El Eurogrupo puede pronunciarse sobre el dossier en junio o aplazar el debate y la decisión de Bruselas sobre la multa para no interferir con el 26N.
La amplitud del desvío fiscal detectado por Bruselas refuerza la posibilidad de multas La Comisión decidirá si concede un año o dos de prórroga a España a cambio de más control