Puigdemont y Colau se unen frente al Gobierno del PP
El president y la alcaldesa defienden la ley de Emergencia Social y los refugiados Govern y ayuntamientos pactan una nueva ley para esquivar al TC
La redacción con carácter de urgencia de una nueva ley que permita sortear la parte de la ley de Emergencia Social referida a la lucha contra los desahucios recurrida por el Gobierno español y que el Tribunal Constitucional suspenderá fue el principal acuerdo adoptado ayer en la reunión entre el Govern, los ayuntamientos, los partidos políticos y las entidades sociales celebrada en el Palau de la Generalitat para hacer frente a la situación. Un encuentro, convocado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que sirvió para evidenciar la existencia de un frente común en Catalunya en contra de la pobreza energética y la emergencia habitacional, aunque con algunos matices.
La nueva ley tendrá que incorporar los aspectos recurridos de la ley 24/2015, así como unificar el resto de materias que siguen en vigor en materia de emergencia social, y se empezará a redactar hoy mismo a partir de un grupo de trabajo formado por el Govern, los promotores de la iniciativa legislativa popular que dio pie precisamente a la norma ahora impugnada por el Gobierno español y el Consell de l’Advocacia de Catalunya. La intención es preparar un proyecto de ley de lectura única que pueda ser aprobado por el Parlament por el procedimiento de urgencia y a poder ser con la misma unanimidad que obtuvo la ley 24/2015. “El compromiso del Govern es dejar sin efectos prácticos la impugnación de la ley, y por esto necesitamos un nuevo instrumento legal que nos dote de las herramientas necesarias”, argumentó Carles Puigdemont, que reconoció el temor expresado por las entidades sociales y los representantes del mundo local de que la paralización de la ley 24/2015 “pueda provocar una ola de desahucios que precisamente la ley había conseguido frenar”. “Será una ley que regulará todos los derechos de los catalanes que el Gobierno central ha querido limitar presentando recursos”, remachó.
El presidente de la Generalitat estuvo acompañado por el vicepresidente del Govern, los consellers de Presidència, Governació, Treball i Afers Socials y Empresa y la presidenta del Parlament. Y a la reunión asistieron también los representantes de los partidos presentes en el Parlament, los presidentes de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), los alcaldes de Barcelona, l’Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa, Lleida, Tarragona, Santa Coloma de Gramenet, Girona, Reus, Mataró y Sant Cugat del Vallès, los secretarios generales de UGT y CC.OO., y los representantes del grupo promotor de la iniciativa legislativa popular que dio pie a la ley 24/2015 (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Observatori DESC y Aliança contra la Pobresa Energètica), de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne y de la Taula del Tercer Sector.
Todos los asistentes, reunidos durante dos horas en el salón de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, valoraron la premura con que Carles Puigdemont convocó el encuentro tras el recurso anunciado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y mostraron su respaldo a la aprobación de la nueva ley. Los alcaldes, por su parte, reclamaron más recursos, pusieron sobre la mesa la necesidad de constituir una comisión de seguimiento de las decisiones que se vayan adoptando y emplazaron concretamente a los bancos y apelaron a su responsabilidad para que no aprovechen el recurso del Gobierno español para levantarse de la mesa contra los desahucios. Y los representantes de las entidades sociales también secundaron la nueva iniciativa legislativa, pero fueron los que expresaron mayores interrogantes sobre las medidas que se están aplicando actualmente en Catalunya.
En este sentido, recordaron, por ejemplo, que la parte de la ley 24/2015 referida a la pobreza
energética no está recurrida y conviene aplicarla y que la ley de vivienda aprobada por el tripartito, la 18/2007, también está en vigor y no se está aplicando, a su entender, correctamente. Ambas son, a su juicio, “herramientas útiles” que se tienen que utilizar mientras la nueva ley anunciada por el Govern no sea una realidad. Una ley que confiaron que tenga la unanimidad de todas las fuerzas políticas, aunque mostraron sus dudas al respecto al considerar que el PP había acudido a la reunión a “hacer la guerra por su cuenta”. Más allá de esta medida, sin embargo, las entidades echaron en falta más actuaciones concretas, a la que habrá que sumar, en todo caso, la próxima unificación de las mesas sectoriales sobre desahucios y pobreza energética, después de constatar que hasta ahora la de desahucios había resultado completamente inoperante.
Otro de los aspectos que también echaron en falta las entidades sociales fue la concreción de una fecha para que las empresas suministradoras de los servicios básicos firmen los convenios que garanticen que no se producirán cortes a los colectivos más vulnerables. Una medida respecto a la que entienden que el Govrn no se está mostrando suficientemente diligente y en la que contaron con el respaldo explícito de los alcaldes. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por ejemplo, pidió que se fije una fecha cuanto antes mejor, porque “no hay ningún motivo para no hacerlo y sí urgencia para hacerlo”. Las entidades sociales salieron, pues, con un sabor agridulce del encuentro.
UNIFICACIÓN NORMATIVA Puigdemont anuncia que la nueva norma se aprobará por trámite de urgencia en lectura única DEMANDAS Los alcaldes piden más recursos y las entidades sociales echan en falta más medidas concretas