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La suspensión de la ley de Emergencia Social de la Generalitat por parte del Tribunal Constitucional, y las previsiones de la UE, que apuntan a un incremento del déficit público en España.
CARLES Puigdemont, presidente de la Generalitat, se reunió ayer con los alcaldes de las principales ciudades catalanas, con representantes sindicales y de entidades sociales. El objetivo de la reunión era “defender los derechos sociales de los catalanes”. Y su causa inmediata era la suspensión, por parte del Tribunal Constitucional (TC), de una parte sustancial de la ley catalana de Emergencia Social. De hecho, el TC admitió ayer a trámite el recurso del Gobierno central contra otras tres leyes aprobadas por el Parlament. Entre ellas, la que impone una tasa sobre las viviendas vacías, encaminada en cierta medida a contener la oleada de desahucios; esta admisión supone la suspensión cautelar de la norma, es decir, su anulación temporal y el probable recrudecimiento de las situaciones que intenta corregir.
Además de esta última norma, también se han visto afectadas por la decisión de ayer del TC la ley relativa a la igualdad entre hombres y mujeres y la que regula la actividad de los gobiernos municipales en Catalunya. Son las víctimas más recientes de una práctica reiterada del Gobierno central, auxiliado por el TC, que lamina leyes aprobadas por el Parlament con el respaldo de amplias mayorías en las que a veces no ha faltado el PP.
Podríamos entrar en detalles sobre la pertinencia de estas normas legales recurridas y sobre lo discutible de los recursos que las frenan. Pero esos detalles y discusiones no deberían ocultarnos un problema mayor. Nos referimos a la desaforada judicialización de la vida política española, que se ha enquistado ya en nuestro día a día, incluso con el Gobierno en funciones, y se ha convertido en una constante amenaza de paralización de la vida pública.
Es cierto que el president Puigdemont se comprometió ayer, en la rueda de prensa posterior al encuentro desarrollado durante dos horas en el Palau de la Generalitat, a dejar “sin efectos prácticos la suspensión” del TC. También lo es que se comprometió a trabajar de inmediato en la redacción de una nueva ley que permita responder a las necesidades de emergencia social que atendía la ley recurrida, y aún otras más. Y también lo es que dicha norma dispondrá, con toda seguridad, de gran consenso. Esta es, por tanto, una noticia que será bien recibida por cuantos se hallan en situaciones de precariedad; y no sólo por ellos.
Dicho todo lo cual, añadiremos que este conflicto legal entre la administración central y la autonómica da mucho que pensar. Por más que no sea el primero y que no será, seguramente, el último. En los últimos tiempos, el Gobierno central ha impugnado unas treinta leyes o decretos catalanes. A su vez, la Generalitat ha impugnado medio centenar del Gobierno central. Es obvio que hay un trasfondo político en tales iniciativas. Aun así, cabe preguntarse: ¿eran todas esas impugnaciones imprescindibles o, cuando menos, necesarias? ¿Las personas que viven en Catalunya y las que viven en el resto de España tienen necesidades o reclamaciones tan dispares como para justificar estos recursos?
Por desgracia, las leyes son a menudo empleadas por distintas administraciones como armas arrojadizas. Pero no por ello deberíamos olvidar, en ningún caso, que una ley es un precepto al servicio de la justicia y de los ciudadanos. Ni que el uso de la ley que se persigue con todas estas impugnaciones no siempre parece estar prioritariamente al servicio de la justicia ni al de los ciudadanos.