Viajes sin trabas para los turcos
Bruselas da un sí condicional a la eliminación de visados para Turquía
Es la condición clave de Turquía a su colaboración con Europa en el control de los flujos de migrantes pero también el sueño de millones de ciudadanos de este país: acabar con la exigencia de visado para quienes viajen por negocios, estudios o placer a la Unión Europea. La decisión está hoy sobre la mesa del colegio de comisarios europeos.
Europa se juega mucho. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido que si el acuerdo de liberalización de visados no entra en vigor a finales de junio, dejará de aplicar el pacto por el que su país ha aceptado hacerse cargo de los refugiados que lleguen a su territorio y frenar las llegadas a la Unión. La predisposición a declarar que Turquía cumple las condiciones para estar en la lista de países cuyos ciudadanos no necesitan visado para pasar menos de 90 días en territorio comunitario es grande, pero hay aún algunos cabos sueltos que podrían hacer descarrilar el plan.
Bruselas propondrá hoy dar un sí con condiciones a la petición de Turquía, supeditado a que el Gobierno adopte cambios en su legislación sobre derechos humanos y terrorismo. Es una de las ocho condiciones todavía no cumplidas de la lista de 72 puestas en la hoja de ruta de Turquía para lograr la liberalización de visados, “la más importante” de acuerdo con la propuesta de decisión que hoy debatirán los comisarios europeos. Ankara debería “alinear su legislación sobre terrorismo” con la UE y el Consejo de Europa, en especial sobre el principio de proporcionalidad y la necesidad de investigar denuncias por violación de derechos humanos, afirma el texto, publicado ayer por el Financial Times.
Las negociaciones sobre liberali- zación de visados de corta estancia entre la UE y Ankara estaban en marcha desde antes de la firma de los acuerdos para tratar de cerrar la ruta del mar Egeo. Las conversaciones comenzaron en diciembre del 2013 para poner fin a una situación anómala: Turquía es el único país candidato al club que no tiene ese trato. Con la crisis de asilo, Erdogan y el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, vieron la oportunidad de impulsar el proceso y pidieron a la UE adelantar la entrada en vigor de octubre a junio. Los gobiernos europeos accedieron pero dejaron claro que no iban a suavizar las condiciones y que correspondía a Ankara dar los pasos necesarios para cumplir ese calendario.
En abril aún no cumplía ni la mitad de las condiciones pero el Gobierno turco ha dado pasos, como la decisión aprobada el lunes de dejar de pedir visados a los 11 países de la UE a los que todavía se lo exigía; la extensión del principio de reciprocidad afecta al fin a Chipre, a pesar de su histórico enfrentamiento, celebró ayer Bruselas. En los últimos meses, Turquía también ha endurecido su política de visados y ha empezado a solicitarlos por ejemplo a los viajeros procedentes del Magreb, que hasta ahora entraban libremente en su territorio; era otra de las medidas exigidas por la UE.
La perspectiva de dar libre acceso a los 79 millones de ciudadanos de Turquía a la Unión Europea (aunque actualmente sólo un 10% de ellos tenga pasaporte y, en el futuro, necesitarán uno nuevo, biométrico) despierta suspicacias en muchos países. “Muchos líderes están preocupados porque esto vaya a ser explotado por los populistas de extrema derecha. También existe el temor de que el deterioro de la situación de seguridad en Turquía lleve a un aumento de las solicitudes de asilo por parte de ciudadanos kurdos”, miedos exacerbados porque la UE negocia acuerdos similares con Ucrania, Georgia y Kosovo, apuntan los analistas Amanda Paul y Demir Murat Seyrek, del think tank European Policy Center. La fórmula propuesta por Alemania y Francia para proteger a la UE consiste en incluir un freno de emergencia para suspender el acuerdo si se detecta un aumento importante de las llegadas y estancias irregulares en territorio comunitario (el acuerdo no les da permiso para trabajar ni para instalarse en la Unión).
La Comisión Europea también presentará hoy su propuesta para reformar la política de asilo comunitaria con una solución a medio camino entre el reparto permanente y vinculante de refugiados que defiende Alemania y el reparto sólo en situaciones de emergencia que prefieren otros. Para incentivar la acogida, Bruselas plantea que los países que se nieguen a aceptar su cuota de refugiados paguen una fuerte multa económica (algunas fuentes hablan de 250.000 euros por demandante de asilo rechazado) que actúe de forma disuasoria, una iniciativa que difícilmente contará con el apoyo de los países reacios a la idea de reparto de refugiados.