Una de las nuestras
Si se fijan bien en la foto, lo verán. Corpulento, con barba, una incipiente alopecia y aspecto de aizkolari, de leñador vasco. Es la sexta persona a la izquierda de Junqueras: Carlos Macías, que ha sustituido a Ada Colau como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Uno de los rostros más visibles en la defensa de la ley 24/2015, junto a Maria Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética (la séptima, con una camiseta roja). A pesar de su aspecto viril, Carlos Macías siempre habla en femenino: “No nos quedaremos calladas”. Ada Colau dice “las vecinas y los vecinos”. Él, “las vecinas”. Es una forma de ponerse al lado de quienes tradicionalmente han estado abajo y doblemente explotadas: las mujeres. Ayer, viéndole llegar al Palau de la Generalitat, a una reunión donde ellos fueron de nuevo mayoría, daba la sensación de que no venía solo. Sí, le acompañaba Maria Campuzano. Pero también, aunque sólo fuera simbólicamente, Laura Comas, de Vallgorguina, que ha logrado gracias a las leyes que ahora ha recurrido el PP la dación en pago de la casa donde vive con su hija de 13 años. Y Puri Ibañez, María José Navarro y Mercè León, de Sant Feliu de Guíxols. O María José Alarcón y Txell Teruel, de Barcelona; Luzneida y Sandra, de Terrassa; Mari Ángeles, Toñi y Lali, de Mollet. Y tantas y tantas víctimas de hipotecas puente, de impagos sobrevenidos por el paro o la crisis, de amenazas inminentes de desahucio. Mujeres que viven solas o no. Que cuidan a ancianos con Alzheimer o tienen menores de edad a su cargo. Cuando el portavoz de la PAH dice “no nos quedaremos calladas”, son ellas quienes hablan. La ofensiva judicial del PP contra las leyes catalanas que más protegían el derecho a la vivienda (consagrado, por cierto, en el artículo 47 de la Constitución) no es un ataque contra Catalunya. La ley 24/2015, que aprobó por unanimidad el Parlament, incluso con los votos a favor del PP catalán (que sólo se abstuvo en dos artículos) iba a ser adoptada por otros trece parlamentos autonómicos. Los representantes de la mayoría de entidades sociales, partidos y municipios convocados por el president Puigdemont se conjuraron para aplicar por otras vías las leyes en entredicho. El PP no ha impugnado los artículos que obligan a la Administración –a cualquier Administración– a realojar a las familias, “sino los que más perjudicaban a los bancos y a los grandes propietarios inmobiliarios”. Eso sostuvo ayer en la Generalitat Carlos Macías, una de las nuestras.